El Fiscal General queda retratado: el PP lo reprueba y exige a Sánchez su cese

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha quedado totalmente sentenciado en la Cámara Alta. Concretamente, el Pleno del Senado ha respaldado hoy la reprobación del fiscal general y ha demandado al Gobierno su destitución.

La iniciativa fue aprobada por la mayoría absoluta del PP, con el respaldo de Vox y UPN, mientras que el PSOE votó en contra y no logró el apoyo de sus aliados habituales, ya que Junts, ERC, PNV y EH Bildu se abstuvieron.

La reprobación de García Ortiz fue parte de una moción impulsada por el PP que insta al Gobierno a proponer la destitución del fiscal general "debido al incumplimiento de sus funciones" y a nombrar a otra persona para el cargo.

Este acontecimiento tuvo lugar un día después de que el Tribunal Supremo anulara el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, ordenando al Consejo Fiscal que se pronuncie sobre la compatibilidad de su nombramiento debido a su relación con el exjuez Baltasar Garzón, quien dirige una fundación de Derechos Humanos.

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Las polémicas de García Ortiz

Tal y como venimos avanzando en ESdiario, son múltiples las polémicas que empañan el currículum del Fiscal General. 

Para empezar, el CGPJ cuestionó su nombramiento calificándolo como no idóneo. Posteriormente, el Tribunal Supremo sentenció en noviembre de 2023 que cometió “desviación de poder” cuando maniobró para ascender a Dolores Delgado a Fiscal de Sala de lo Militar y, ahora, el Tribunal Supremo ha vuelto a anular el ascenso de Dolores Delgado, por segunda vez, en este caso, como Fiscal de Sala de Memoria. Además, su nombramiento ha sido recurrido a la justicia por parte de una asociación de sus propios compañeros fiscales.

No solo eso. Álvaro García Ortiz participó en actos de campaña del PSOE en Galicia en 2019 y hasta fue condenado por el Tribunal Supremo por ocultar al fiscal Stampa los detalles de la investigación abierta contra él de manera arbitraria por parte de una exministra socialista. Adicionalmente, guardó silencio, a diferencia lo que hicieron todas las asociaciones de jueces y de fiscales en España, cuando los partidos independentistas y el propio PSOE insinuaron la existencia de lawfare en España; maniobró para silenciar a los fiscales del TS que a diferencia de él sí veían la investigación por terrorismo a Puigdemont; admitió responsabilidades en las órdenes a la Fiscalía Provincial de Madrid difundir, de manera ilegal, una conversación privada entre un fiscal y el abogado de Alberto González Amador, la pareja de Ayuso; impuso su criterio al Consejo Fiscal para no admitir la querella contra la Fiscalía de la pareja de Ayuso por los hechos anteriores y apartó del caso a la fiscal que sí veía admitir esa querella; el TSJM ha dado la razón a la fiscal díscola con García Ortiz y ha admitido esta querella; el ICAM le denunció por los hechos anteriores; y habría usado la Fiscalía para ocultar el caso Koldo en plena campaña electoral del 23J.