Los jueces sacan los colores a Sánchez por su deriva autoritaria

Este martes no fue un buen día para Sánchez. Varias decisiones de los tribunales dejaron en evidencia su manera de gobernar, su tendencia irrefrenable al autoritarismo y el destrozo que eso está produciendo en muchas de las principales instituciones del Estado.

La fiscalía general quedó de nuevo tocada de muerte. El Tribunal Supremo decidió anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Varapalo gigantesco al fiscal general, Álvaro García Nieto, que se une a varios anteriores del mismo calibre. Increíble que se mantenga en el cargo. Solo se explica por el empeño de Sánchez en no reconocer que tiene colonizada y sometida a su interés esa institución.

El día tenía más sorpresas para el Gobierno. Otro tribunal, el Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declaró ilegal la orden de la Delegación del Gobierno de desplazar las manifestaciones convocadas frente a la sede del PSOE. Según los magistrados, el delegado del Gobierno actuó de manera arbitraria, sin motivar una decisión que violentó el derecho de manifestación ya que, argumentan, el lugar elegido era importante para dar relevancia al mensaje que se quiere enviar por los manifestantes. Francisco Martín debería dimitir por esta y por otras muchas actuaciones tendenciosas en favor de los intereses de Pedro Sánchez.

Por si fuera poco, la Junta Electoral expedientó a José Félix Tezanos como máximo responsable del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) por su última encuesta realizada en plena campaña de las elecciones catalanas, en la que se preguntaba por el periodo de reflexión de Pedro Sánchez. Preguntas que abochornan a cualquiera, por cierto.  La multa puede alcanzar los 30.000 euros. Llueve sobre mojado en el CIS. Tezanos también debería irse a su casa si España fuera un país normal. 

Y la guinda al pastel fue la decisión del TSJM de abrir una investigación por revelación de secretos contra la fiscalía tras la querella de Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este caso es especialmente relevante porque pone de manifiesto cómo el sanchismo ha utilizado los resortes del Estado contra un ciudadano particular para atacar a una rival política. Puro chavismo en el Gobierno de España.

Todos estos acontecimientos son malas noticias para Sánchez, pero buenas para España. La democracia resiste a los envites del Gobierno, a las farsas de Pedro Sánchez y a sus ataques a la división de poderes. Cada día se ve más a las claras por qué Sánchez está desesperado por controlar el Poder Judicial, el único que realmente está frenando sus planes descabellados.