El último escándalo de Sánchez: Interior y los presos de ETA

Una investigación de la Audiencia Nacional relativa a los homenajes que reciben los presos de ETA cuando salen de prisión ha destapado un escándalo que afecta al Ministerio de Interior y a Bildu y que explica a la perfección cómo la formación proetarra se ha convertido en uno de los socios más fieles y estables de Pedro Sánchez. Los pactos en la sombra comienzan a aflorar.

El responsable de Prisiones, mano derecha del ministro Fernando Grande-Marlaska, mantenía una relación epistolar a través de la red social WhatsApp con el diputado de Bildu en el Parlamento vasco Julen Arzuaga y con el dirigente de Sare (colectivo de apoyo a los presos de ETA) Joseba Azkarraga, entre otras personas del entorno de ETA.

En esos menajes, que hemos conocido en su escandalosa literalidad, el Gobierno trasmitía a todos ellos información confidencial sobre su política penitenciaria, incluidos acercamientos y progresiones de grado de los presos etarras.

Bildu ha sido pieza fundamental en la ‘coalición Frankenstein’ que llevó a Pedro Sánchez al poder y le ha mantenido allí todos estos años. Probablemente fue el socio más complicado de incluir en el club, pero ahí Podemos, con Pablo Iglesias a la cabeza, jugó un papel fundamental como arquitecto de ese edificio imposible sobre planos.

Sánchez no tuvo reparos en sobrepasar esa línea roja de unirse a Bildu y ahí nació una bonita amistad que nos han querido hacer creer que era desinteresada. Conocemos los pactos firmados con los golpistas de ERC y Junts, pero no con los proetarras de Bildu. El tiempo, no obstante, ha ido desvelando algunas de esas cesiones, que no son pocas: acercamiento de presos; transferencia de prisiones al País Vasco, expulsión de Navarra de la Guardia Civil de Tráfico, entrega del Ayuntamiento de Pamplona a Bildu…

En ese puzle secreto del que vamos conociendo poco a poco las piezas, encaja a la perfección la relación directa y sin intermediarios del responsable de Prisiones del Ministerio del Interior con el entorno de ETA y la comunicación de informaciones sensibles. Quizás sea legal, eso lo dirán los jueces, pero está claro que es inmoral. Y es probable que estemos viendo solo la punta del iceberg de lo que se cuece entre Interior y el mundo proetarra.