El Consejo de Estado emite un dictamen de 100 páginas sobre la ley Montero

Irene Montero contiene la respiración ante el extenso dictamen que este jueves aprobará el Pleno del Consejo de Estado sobre su proyecto estrella, el anteproyecto de la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual.

El que preside María Teresa Fernández de la Vega es el último órgano consultivo que queda por pronunciarse antes de que el texto normativo vuelva al Consejo de Ministros 15 meses después de que lo hiciera por primera vez y después de generar no pocos enfrentamientos en el seno del Gobierno por su calidad (o falta de ella).

Tanto retraso acumula ya que es prácticamente imposible que sea aprobado tampoco en este periodo de sesiones, para frustración de la ministra Montero, que tiene sus tres grandes proyectos legislativos (éste, la ley LGTBI y la ley trans) empantanados.

En el Ministerio de Igualdad confían en que el Consejo de Estado sea menos duro de lo que lo fue el CGPJ en el informe que aprobó por unanimidad el 25 de febrero. En el mismo, sus miembros ponían en tela de juicio los dos pilares de la también llamada ley del solo sí es sí: el consentimiento expreso y la supresión de la distinción entre abuso sexual y violación/agresión.

El dictamen que se someterá a votación del Pleno del Consejo de Estado tiene más de un centenar de páginas, según fuentes del mismo consultadas por ESdiario, y ha sido elaborado por dos ponentes: Adela Asua Batarrita, del ala progresista, catedrática de Derecho Penal y exvicepresidenta del Tribunal Constitucional; y  Miguel Rodríguez-Piñero, expresidente del TC entre 1992 y 1995, con Felipe González (de quien fue profesor y amigo personal). 

Adela Asua, una de los dos ponentes del dictamen sobre la ley estrella de Montero.

La primera preside la Sección Novena, que despacha los asuntos relacionados con el Ministerio de Igualdad. Rodríguez-Piñero, por su parte, preside la Sección Segunda, que se encarga de los que tienen que ver con el Ministerio de Justicia.

Primero la Comisión Permanente, después el Pleno

El documento que ambos elaboraron ya fue sometido a votación en la Comisión Permanente del pasado jueves 3 de junio, pero al tratarse de una ley orgánica debe ser aprobado después en Pleno. Durante estos días los consejeros han presentado varias enmiendas al dictamen de sus colegas, confirman las mismas fuentes. 

No obstante, el Consejo de Estado no hace públicos sus dictámenes salvo autorización del ministerio solicitante, Igualdad en este caso. Es preceptivo pero no vinculante, así que en la mano de Montero y del ministro Juan Carlos Campo -que ha tutelado el proceso- está hacerle caso o no. Involucra a cinco ministerios, de ahí que haya que hilar muy fino: Igualdad, Justicia, Interior, Política Territorial y Función Pública y Derechos Sociales y Agenda 2030.

Por lo que respecta a la ponente Adela Asua, en una entrevista concedida a El País en mayo de 2018 se mostró favorable a unificar abuso y agresión sexual en un solo tipo penal que proponía llamar "atentado sexual". Y ponía el foco en el consentimiento, la madre de todas las batallas en lo que se refiere a este proyecto de ley.

Es decir, opinaba muy distinto a lo que plasmó el CGPJ en su informe de febrero, que la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, llegó a calificar de "regresivo".

"Hay muchas formas de doblegar la voluntad de una mujer sin usar la fuerza. ¿Es esto menos grave? No creo que lo sea hasta el punto de constituir un delito diferente de menor entidad y con un nombre distinto", señalaba la jurista Asua.