PP y Vox tienen lista su ofensiva para endurecer los castigos contra la sedición

El delito de sedición tiene que salir mucho más caro penalmente y no será objeto de perdón vía indultos. Así lo quieren el PP y Vox, que han preparando una ofensiva esta semana en el Congreso de los Diputados proponiendo reformas legales en esa dirección, como respuesta a la aprobación de los indultos a los condenados por el procés por parte del Consejo de Ministros.

En concreto, los de Pablo Casado y Santiago Abascal llevarán este martes al Pleno del Congreso sendas proposiciones de ley de reforma de la Ley de Indultos de 1870 para prohibir la concesión de esta medida de gracia a personas condenadas por delitos de sedición y rebelión, lo que impediría perdonar a los dirigentes independentistas que gestaron el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

El PP ya registró su reforma en septiembre de 2020, cuando el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció que iba a comenzar la tramitación de las solicitudes de indulto de los presos del 'procés', pero ahora ha decidido llevar su debate al Pleno, justo cuando el Gobierno ya se prepara para resolver esos expedientes.

El Gobierno baraja conceder los citados indultos en una próxima reunión del Consejo de Ministros, sea este martes 22 o el próximo 29 de junio, y el presidente Pedro Sánchez prevé dar cuenta de esta decisión ante el Pleno del Congreso, previsiblemente en la semana del 7 de julio.

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El pasado martes ya hubo una primera votación en la Cámara Baja sobre los indultos a los presos del procés, en la que 190 diputados de PSOE, Unidas Podemos y los socios del Gobierno tumbaron la pretensión del PP, Vox y Ciudadanos de rechazar la medida de gracia.

Pero el PP buscará ahora apoyos en el Congreso para la toma en consideración de una reforma puntual de la Ley de Indultos que persigue que no se pueda indultar a los condenados por los delitos de sedición y rebelión. En la misma sesión del próximo martes, Vox también defenderá una reforma similar de la Ley del Indultos, pero también el Código Penal, con intención de castigar con entre tres y cinco años de cárcel la convocatoria de referendos no autorizados.

El partido que lidera Abascal incluye estas dos modificaciones legales en una proposición de Ley de protección integral de los denunciantes de corrupción que registraron el año pasado, pero cuyo debate han querido adelantar, al hilo de la polémica por los indultos a los condenados por el procés.

Así, proponen prohibir por ley indultar a condenados por delitos de "terrorismo, financiación ilegal de partidos políticos, o contra la Administración Pública, la Administración de Justicia, la Hacienda Pública, la Seguridad Social", o los de "traición, rebelión, sedición" y los cometidos "contra la Constitución o las instituciones del Estado".

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Además, abogan por penar con hasta cinco años de cárcel a las autoridades o funcionarios públicos que, sin tener competencias para ello, convoque consultas populares o referendos de los previstos en la Constitución.

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En concreto, plantean la inclusión de nuevos artículos en el Código Penal para castigar a las autoridades o funcionarios públicos que, "careciendo manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, convocare o autorizare la convocatoria de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución". Y piden para ellos penas de prisión de entre tres y cinco años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta.

También reclaman condenas para las autoridades o funcionarios que faciliten la celebración de esas consultas ilegales que van de uno a tres años de cárcel e inhabilitación absoluta por un tiempo superior a la pena de prisión y penas de entre seis meses y un año o multa de 12 a 24 meses para quienes participen como interventores en las mismas o colaboren en su organización.

En otro de los puntos de su iniciativa, Vox defiende cambiar la Ley General Penitenciaria para que los condenados por delitos de terrorismo, traición, rebelión, sedición, contra la Constitución y el orden público deban cumplir sus condenas en comunidades donde no tengan representación parlamentaria autonómica partidos políticos que persigan o respalden actuaciones contrarias al orden constitucional, la unidad de España y las Instituciones del Estado.