¿En qué perjudica el pacto Sánchez-Puigdemont a la Comunidad Valenciana?

El pacto alcanzado entre el PSOE y los partidos independentistas beneficia a Cataluña en detrimento de otras autonomías. Más allá de la ruptura de la separación de poderes, de la igualdad entre españoles y la impunidad de los delitos por si fuera poco, con el acuerdo de Pedro Sánchez para ser investido presidente, la Comunidad Valenciana se verá afectada por otros términos concretos.

En un pleno específico el próximo lunes en Las Cortes Valencianas se debatirá la ley de amnistía y el pacto de investidura. PP y Vox pondrán el foco en las consecuencias en materia de financiación, empresas e infraestructuras, mientras que los socialistas valencianos y Compromís omiten estos perjuicios y se centran en un posible beneficio con el futuro perdón a parte la deuda valenciana. 

Por un lado, con la modificación del sistema de financiación se cederá a Cataluña el 100% de los impuestos que se recaudan en su autonomía. Esto supondrá una merma en el montante que recauda España para su posterior distribución a las comunidades autónomas. Concretamente, una resta de 2.000 millones en financiación autonómica y, por ende, la Comunidad Valenciana recibirá millones de euros menos. A esto se suma la ruptura de la caja de pensiones con la petición de PNV.

Al respecto, PP y Vox creen en el sistema solidario que reparte a cada autonomía una financiación en función de su situación. "Ese sistema básico no se puede romper por las necesidades concretas" de los independentistas catalanes, ha manifestado la portavoz de Vox en Las Cortes, Ana Vega.

Asimismo, se pondrá sobre la mesa el desvío de inversiones a Cataluña que, junto con la menor financiación a percibir, se traduce en menores inversiones en infraestructuras para la Comunidad Valenciana. También se desarrollará un plan específico para que las empresas de origen catalán que migraron a otros territorios -incluido el valenciano- tras el intento del "golpe de Estado" del 1-O, regresen a Cataluña. Están en riesgo las dos únicas compañías valencianas que forman parte del Ibex 35 -La Caixa y Sabadell- además de las 144 empresas que instalaron su sede en la Comunidad Valenciana a raíz del 'procés' independentista catalán. 

De hecho, la Generalitat ya ha manifestado su preocupación ante el intento de desvío de empresas valencianas a Cataluña que podría acabar boicoteando las acciones del Gobierno valenciano relacionadas son la bajada de impuestos para generar un ecosistema fiscalmente atractivo para atraer inversiones de empresas. 

Por contra, la Comunidad Valenciana se podría beneficiar del pacto con ERC que implica una condonación de la deuda, no solo para Cataluña, sino también al resto de autonomías infrafinanciadas, como es el caso de la valenciana.

El PSOE y Compromís defienden los pactos de Sánchez basándose exclusivamente en este punto ya que, si se perdona el 20% de la deuda como ha afirmado este martes la ministra de Hacienda María Jesús Montero, la Comunidad Valenciana no tendría que devolver 10.000 millones de euros (5 mil millones menos que Cataluña) correspondientes al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

El PP ha pedido a través de la Plataforma pel Finançament Junts ya no solo el 20, sino el 70% de la condonación de la deuda, la parte proporcional correspondiente a la infrafinanciación acumulada en los últimos años. Aunque el presidente Carlos Mazón ha exigido las mismas condiciones que Cataluña, no existe consenso entre los partidos que forman el Gobierno valenciano sobre este asunto.

Sus socios de gobierno de Vox rechazan por completo la condonación de la deuda porque consideran que es "una falacia y una mentira", en palabras de la portavoz de Vox en Las Cortes, Ana Vega. "La deuda la vamos a pagar los españoles. Condonar a Cataluña afecta a la adeuda de los otros", ha explicado Vega antes de acusar al Gobierno de Sánchez de estar "desviando la atención" con esto "de lo más importante" que es "el atentado a la Constitución, a la igualdad" y la llegada de "un régimen bolivariano" con Pedro Sánchez.

Todos estos aspectos se debatirán en Las Cortes Valencianas el próximo lunes 22 de noviembre, una vez pasada la fecha de la investidura de Pedro Sánchez, a través de un pleno específico. 

Los grupos de la oposición conformados por PSPV y Compromís han intentado aprovechar el anuncio de este debate para hacer humo con otros temas que no tienen relación alguna. Los socialistas quieren ejercer la función de de control al Gobierno valenciano con preguntas a Mazón sobre educación o infraestructuras, mientras los nacionalistas quieren abordar el recorte en bomberos forestales y el incendio de Montitxelvo.