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La trama sindical del escándalo de los ERE golpea al PSOE-A en plenas primarias

Un magistrado exige información a UGT y Comisiones Obreras sobre su papel en la malversación continuada de los fondos de la Junta socialista destinados a los parados.

La corrupción de la Junta socialista persigue a los dos candidatos a liderar el PSOE-A.

La corrupción de la Junta socialista persigue a los dos candidatos a liderar el PSOE-A.

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M.B

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La trama corrupta de los ERE, y su una y mil ramificaciones en el entorno socialista, persigue al PSOE andaluz hasta las mismas puertas de sus primarias, que enfrentan oficialmente desde este miércoles a Susana Díaz y Juan Espadas. Con la mirada judicial puesta ahora también en los sindicatos UGT y Comisiones Obreras.El juez del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha emitido una providencia con relación a las diligencias iniciales relativas a la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos de la Junta socialista, usada para la financiación de expedientes de regulación de empleo irregulares o innecesarios y ayudas supuestamente arbitrarias y sin publicidad; en la que solicita a las administraciones central y estatal diversa información sobre los sindicatos CCOO y UGT.

En dicho auto, el juez ordena librar "oficio al Ministerio de Trabajo y Economía Social", en concreto a la Subsecretaría de Trabajo y Economía Social, para que con relación a CCOO, UGT, sus estructuras regionales de Andalucía y diversas de sus federaciones sectoriales estatales o regionales, informe de "documentación e información" como la personalidad jurídica de tales entidades, los NIF de las mismas y sus domicilios.Además, en dicho auto ordena librar otro oficio a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, en concreto a su Secretaría General Técnica, respecto a Comisiones y UGT de Andalucía y diversas de sus estructuras sectoriales.De tales diligencias iniciales, recordémoslo, deriva la pieza correspondiente a la investigación del procedimiento administrativo específico a través del cual la Junta de Andalucía financiaba sus subvenciones autonómicas para prejubilaciones de tales ERE presuntamente fraudulentos y ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas.Esas actuaciones concretas, como es sabido, se saldaron con la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que condena a 19 de los 21 exaltos cargos socialistas juzgados por dicha instancia, entre ellos los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán; el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, los exconsejeros José Antonio Viera (Empleo) y Francisco Vallejo (Innovación); la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo; el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías y la exconsejera de Economía y Hacienda y ex ministra Magdalena Álvarez.

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