Aprobados más de 305 millones de euros para centros de menores infractores
Servirá para cubrir los costes de la atención de los adolescentes con condenas, tanto en centros internos como en viviendas tuteladas, y lograr su reinserción social.
La reeducación e inserción de los menores infractores, un tema de especial sensibilidad social, recibe el respaldo económico de la Junta de Andalucía con la aprobación de un gasto que supera los 305 millones de euros para este fin. Así, el Consejo de Gobierno ha autorizado este martes diversos expedientes de gasto a la Consejería de Justicia y Administración Local para contratar recursos destinados a Justicia Juvenil.
Concretamente, según ha informado el vicepresidente de Ejecutivo andaluz, Juan Marín (Cs), se pondrán en marcha con esta financiación 16 grupos educativos de medio abierto y 14 centros de internamiento de menores infractores (CIMI) para todas las provincias andaluzas. Los contratos tendrán una duración de 48 meses, prorrogables otros 12 meses, entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025.
Los acuerdos adoptados se dividen en tres tipos distintos: el servicio integral de guarda, reeducación e inserción de menores infractores en centros de internamiento en edificios e instalaciones propiedad de la Junta de Andalucía; el mismo servicio en inmuebles titularidad de las entidades que resulten adjudicatarias; y los grupos educativos tanto femeninos como masculinos en las ocho provincias andaluzas.
Marín ha explicado que los centros de internamiento de menores infractores son establecimientos especializados para la ejecución de medidas privativas de libertad y medidas cautelares de internamiento impuestas por los juzgados de menores de conformidad con la Ley Orgánica de Responsabilidad del Menor.
Las medidas de internamiento que se cumplen en estos centros pueden ser de régimen cerrado, semiabierto y abierto, internamiento terapéutico, así como de permanencia de fin de semana, para lo que cuentan con profesionales y medios materiales altamente especializados.
El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín.
La mayor parte del desembolso de la Junta será para los CIMI públicos, que reciben más de 171 millones para los próximos cuatro años y cuentan con un total de 461 plazas, que se distribuyen en las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Jaén y Sevilla. En cuanto al contrato para la gestión del servicio integral de guardia, reeducación e inserción de menores en CIMI ubicados en instalaciones privadas, el importe asciende a 103.258.958 euros, para prestar atención a un total de 258 menores, que estarán internados en centros de Cádiz, Huelva, Granada, Málaga y Sevilla.
Convivencia para facilitar el retorno social de los menores
Para aquellos menores que tienen que cumplir con la Justicia pero sin estar privados de libertad se ponen en funcionamiento 16 grupos educativos de convivencia en regímenes femenino y masculino, con un coste de más de 30 millones de euros.
Esta medida permite que los menores puedan desarrollar su autonomía personal y social, acompañados por técnicos especialistas en viviendas donde tienen que aprender nomas de convivencia. El objetivo es que puedan retornar a su núcleo familiar y social.
Actualmente, Andalucía cuenta con 42 recursos y servicios para la ejecución de medidas judiciales no privativas de libertad con presencia en las ocho provincias andaluzas, que son gestionados en su práctica totalidad, a través de contratos administrativos con entidades privadas.