La interminable lista de espera de la Dependencia del PSOE pasará a cero

Sin duda en las políticas sociales del Gobierno del PP y Cs en la Junta de Andalucía están muy presentes las personas dependientes. El nivel de envejecimiento de la población andaluza cada vez es mayor y las necesidades asistenciales aumentan, por ello la consejería de Políticas Sociales quiere acabar con el farragoso proceso actual para tramitar las ayudas a la dependencia y reducir a cero la lista de espera.

Desde la Consejería que dirige Rocío Ruiz (Cs), se va a implantar un proyecto piloto, que recoge un nuevo modelo en el que se unifican las fases de valoración de la situación de dependencia y el acceso a las prestaciones, basándose en el principio de simplificación administrativa. El proyecto se encuentra en la fase de redacción inicial del decreto y aún tendrá que superar un trámite de consulta previo a su tramitación.

El objetivo del Ejecutivo andaluz es acabar con las largas listas de espera que se dilataban durante muchos meses en el tiempo, para conseguir alguna de las ayudas a la dependencia, según el modelo que implantó el gobierno del PSOE durante el mandato de Susana Díaz.

Cualquier familia que haya acudido a solicitar esta asistencia ha podido comprobar la tardanza en cada uno de los pasos a dar por la administración. Desde que se evaluaba al usuario hasta que llegaba la resolución pasaban incluso dos años y en muchas ocasiones la situación del dependiente había cambiado y sus necesidades ya eran otras muy distintas.

La consejera de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz (CS), atendiendo a los medios en el Parlamento.

La auditoría a la Dependencia incide en los retrasos en la tramitación

La gestión de las ayudas a las personas dependientes en Andalucía ha sido una de las críticas más duras al PSOE andaluz. A pesar de haberla llevado por bandera, esto no ha bastado para distorsionar la realidad que han vivido en muchas familias. Así queda reflejado en la auditoría realizada a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), entidad adscrita a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que tiene encomendado el servicio en base al Decreto 168/2007.

Del análisis de la agencia se desprende que los “procedimientos actuales provocan una alta carga de trabajo administrativo y retrasos en la tramitación de los expedientes”, que deberían durar un máximo de seis meses. Además, destaca las carencias de un sistema en el que se suceden las valoraciones y resoluciones de una misma solicitud, se introducen datos de un sistema a otro, hay numerosas equivocaciones en la documentación y las comunicaciones son lentas a través de correo ordinario.

Para acabar con esta caótica situación, en el estudio se recomienda “la digitalización de todos los procedimientos” y contar con un soporte de información integrado, con una única base de datos.

Asimismo, los auditores proponen que se integre la Agencia, con 1.803 trabajadores, dentro de la Consejería, al igual que se hace con el servicio de teleasistencia. Aquí incide en que no cuenta con un catálogo de puestos de trabajo actualizado y existen empleados en la entidad con regímenes laborales diferentes que desarrollan las mismas funciones. Esto conlleva un bajo grado de satisfacción laboral, continuas rotaciones y menor productividad.

Una única resolución

El procedimiento establecido hasta el momento consta de una fase de valoración, tras la cual se obtiene el reconocimiento de la situación de dependencia en alguno de los tres grados establecidos; y otra fase de reconocimiento de la prestación, previa elaboración del Programa Individual de Atención (PIA), donde se determina qué recurso es el más adecuado para la persona.

La nueva propuesta de modelo de procedimiento determina que se realice la gestión de una única cita para valorar la situación de dependencia y realizar la propuesta de PIA. La principal variable será el tiempo medio de resolución del grado de dependencia y de la resolución del PIA en comparación con la suma de las fases del proceso actual.

Este proyecto piloto consta de dos fases: una primera, con una visita de valoración conjunta del personal valorador y personal con funciones de elaboración de PIA; y una segunda, con una visita del personal formado para ambas valoraciones. El proceso tiene una duración prevista de siete meses comprendidos entre septiembre de 2021 y marzo de 2022.