Otro ERE fraudulento pone contra las cuerdas al sindicalista Juan Lanzas

El uso de fondos públicos de la Junta de Andalucía para llevar a cabo expedientes de regulación de empleo (ERE) de forma irregular sigue demostrando el descontrol en la comunidad durante los gobiernos socialistas, con la implicación sindical.

Un nuevo caso, el del ERE de Río Grande, empresa que gestionaba un conocido restaurante de la capital sevillana es el siguiente en salir a la palestra. La Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado ha solicitado penas de cárcel para cada uno de los nueve acusados en el caso por un supuesto delito de prevaricación en concurso medial, con un posible delito de malversación de caudales públicos.

El juez de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ordenó continuar, como procedimiento abreviado, las diligencias relativas al expedientes de regulación de empleo (ERE), promovido por la empresa Río Grande con cargo a los fondos autonómicos.

Ahora la Fiscalía solicita a este mismo juzgado la apertura de juicio oral contra el exsindicalista de UGT Juan Lanzas; su pareja Beatriz N.M.; la dueña de la entidad Río Grande, María del Carmen García Sánchez; el exdirectivo de la consultora Vitalia Antonio Albarracín; el que fuera comercial de dicha entidad Francisco González; otro responsable más de Vitalia, Jesús Bordallo; Eduardo L.D.R. por la entidad Atrado Mensajería; Carlos L.B. por un bufete de abogados y finalmente Carmen Fontela, quien figuraba en el ERE promovido por el restaurante Río Grande en 2005 pese que no formaba parte de la plantilla.

Para cada uno de ellos pide siete años de prisión y 18 de inhabilitación absoluta, excepto para Eduardo L.D.R. y Fontela que rebaja la solicitud a seis y cuatro años y medio de cárcel, respectivamente.

En el auto, el juez Vilaplana señala "la presunta ilicitud de las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo a la entidad Río Grande sin sujeción al procedimiento legalmente establecido". Además, añadió que, "de manera ilícita y fraudulenta, se concede una subvención a dicha empresa para satisfacer el pago de las indemnizaciones por despido de sus trabajadores afectados por el ERE de 2005 mediante la financiación de un seguro de rentas vitalicio".

Toda una presunta trama para cobrar de la administración lo que no les corresponde. Por ello, la Fiscalía solicita a todos los acusados, salvo a Fontela, que restituyan a la Junta de Andalucía la cantidad de 1.531.299 euros por los daños y perjuicios causados, con los intereses legales de demora.

Una organización con los papeles bien definidos

Los entes públicos de la Junta de Andalucía han sido la vía utilizada para hacerse con el dinero de las arcas. El presunto delito se basa en la obtención de liquidez para la empresa, a pesar de que obtuvo beneficios de 1.250.594 euros en 2004 y de 21.480 euros en 2005.

El magistrado concreta que, María del Carmen García, administradora única de la mercantil desde el 30 de enero de 1996, logró que el entonces titular de la Dirección General de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, ya fallecido, beneficiara a su empresa con 1.531.300 euros. Una subvención que "no consta formalmente entre las ayudas concedidas y facilitadas por la Junta”. Se utilizó un sistema irregular de 'pagos cruzados' para el abono de primas de seguro, de modo que dichos pagos “no quedan reflejados en la contabilidad de la agencia IFA-IDEA".

Según el juez, García Sánchez se habría valido de la "intervención" de Juan Lanzas por el cargo que tenía en UGT, como asesor del despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís, así como sus colaboraciones como intermediario en la consultora Vitalia. Lanzas, según se recoge "fomentó activamente la concesión y pago, a sabiendas de su ilicitud, de las ayudas, realizando gestiones con los responsables de la Consejería de Empleo".

El sindicalista investigado utilizó la empresa Atrado, tanto para facturar como para recibir parte de los fondos públicos que le correspondían conforme a lo acordado con los responsables de Vitalia, como para generar saldos disponibles en efectivo entregados a otras personas. El objetivo, según el magistrado, era canalizar y encubrir las gratificaciones y remuneraciones derivadas de esta irregular intermediación.

La estructura presuntamente delictiva tenía sus papeles bien definidos. El despacho de abogados servía como asesor en la negociación, en la articulación del ERTE y en la concesión ilícita de ayudas. La empresa Vitalia se encargaba de la gestión y tramitación de las pólizas del ERE, incluyendo en las mismas a la investigada Fontela, pese a que la misma nunca había trabajado para Río Grande.

Fruto de este ERE incentivado con fondos autonómicos, Fontela habría cobrado 155.605 euros, "cooperando así junto con María del Carmen García en el lucro personal de Francisco González y Juan Lanzas, pues salvo 1.750 euros" de los que dispuso para sí misma, el resto del dinero fue repartido entre los investigados.

Pero aún hay más, el juez que instruye este ERE, destinado a la extinción de 12 de los 33 puestos de empleo alegando Río Grande causas organizativas, indica que el expediente fue autorizado por la Consejería de Empleo "sin que conste el correspondiente informe del Servicio Público de Empleo Estatal".

De este modo, queda reflejado que la Junta asumió el 90% del coste de la rescisión de los contratos, 140.693 euros por trabajador, cuando el ERE no se vincula a causas económicas, ni se recoge en ningún informe.