El Juez de los ERE no frena la investigación de más ayudas ilícitas de la Junta
Nuevo auto para seguir el procedimiento contra 12 personas investigadas, entre ellas el exsindicalista Juan Lanzas, por las subvenciones de 2,5 millones al Matadero de Fuente Obejuna.
El exsindicalista de UGT, Juan Lanzas, investigado en el caso ERE.
La lista de irregularidades cometidas por los gobiernos socialistas empieza y no termina. Los años de investigación dan sus resultados y el juez al frente del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE), José Ignacio Vilaplana, instruye las piezas separadas del mayor caso de corrupción de España.
En este caso, la nueva medida del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha sido continuar como procedimiento abreviado, las diligencias previas sobre las presuntas irregularidades en las ayudas que la Junta de Andalucía concedió a Matadero de Fuente Obejuna.
Se investiga el desvío de 2,5 millones de euros y hay 12 personas investigadas por presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Entre ellas se encuentra de nuevo el “conseguidor” de los fondos públicos, el exsindicalista de UGT, Juan Lanzas, que utilizó presuntamente sus influencias para obtener las ayudas para la empresa cárnica. La misma forma de proceder que en otros casos como en el del ERE del restaurante Río Grande.
Además de Lanzas en esta trata están involucrados un abogado; dos representantes de la empresa mediadora Vitalia Vida; dos responsables de la Asociación para la Promoción Sociolaboral de los extrabajadores de la empresa y seis personas que fueron incluidas de forma “fraudulenta” e “irregular” como beneficiarias de las pólizas de seguro de rentas suscritas.
Ayudas concedidas saltándose todos los límites
En el auto, el magistrado precisa que el objeto de esta pieza separada lo constituye la presunta ilicitud de las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo de la Junta a la empresa cárnica “sin sujeción al procedimiento legalmente establecido”.
Señala también que la obtención y otorgamiento “ilícito” de dichas subvenciones se habría llevado a cabo a través de la denominada asociación, constituida por los trabajadores de la sociedad afectados por el ERE 20/1998 y gestionada por dos de los investigados.
Según el instructor, la constitución de esta asociación “se hacía necesaria como vía fraudulenta para soslayar el hecho de que los asegurados de las pólizas ya estaban percibiendo prestaciones públicas por su situación de desempleados”.
El juez instructor del caso ERE, José Ignacio Vilaplana.
En el auto, el juez considera que las ayudas “carecerían de objeto definido y concreto, se llevaron a efecto de forma injusta y arbitraria prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y sin observancia de los aplicables principios de publicidad, concurrencia y objetividad”.
Vilaplana explica que no es posible depurar la posible responsabilidad penal ni continuar el procedimiento por su participación en estos hechos presuntamente delictivos contra el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo, Agustín Barberá; y el ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Juan Márquez, pues ya han sido juzgados por ello
