La Fiscalía pide 6 años de prisión para el expresidente de Invercaria
El cuarto juicio a la empresa de capital de riesgo, dependiente de la agencia IDEA de la Junta, desvela un sistema "de ayudas encubiertas" con Pérez-Sauquillo al frente como presidente.
El expresidente de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo, en el juicio de una de las piezas separadas de la causa.
El juicio sobre una de las piezas que aborda las irregularidades cometidas por la empresa de capital de riesgo Invercaria, ha concluido hoy con la presentación de los informes finales de las partes. En este caso se investigan las irregularidades detectadas en la entrega de un préstamo participativo de 300.000 euros, concedido por la entidad a la empresa jiennense Fumapa, declarada finalmente en concurso de acreedores.
La operación efectuada de forma ilícita por Invercaria, dependiente de la Agencia pública IDEA de la Junta de Andalucía, habría derivado en un perjuicio de 359.581 euros para las arcas autonómicas.
Unos hechos, que han llevado a la Fiscalía Anticorrupción a mantener la petición de seis años de prisión para el principal investigado: el presidente de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo por un presunto delito de prevaricación en concurso con uno de malversación de caudales públicos. Se le acumulan las malas noticias porque la semana pasada la Audiencia de Sevilla le condenaba a dos años y tres meses de cárcel por el caso por la contratación de personal a través de la entidad.
La misma petición recae sobre la exconsejera de la agencia IDEA y vocal del consejo de administración de Invercaria, Isabel de Haro Aramberri; el exdirector general de IDEA Jacinto Cañete (condenado por el caso ERE); y el vocal del consejo de administración de Invercaria y del consejo rector de IDEA, Ramón Martín.
La Fiscalía, sin embargo, rebaja la solicitud para los directivos de Fumapa y su sociedad derivada Fumafra, Fulgencio Canales y Francisco Gutiérrez. Al primero le pide un año y medio de prisión y al segunda le retira la acusación por participar en los hechos “a título lucrativo”.
Invercaria: "sistema de subvenciones y ayudas encubiertas".
La Fiscalía Anticorrupción ha sido contundente y tras las diferentes sesiones de este cuarto juicio en torno al préstamo ha insistido en que Pérez-Sauquillo y los restantes miembros del consejo de administración de Invercaria, aprobaron el préstamo con una documentación "insuficiente e inconcreta".
El citado préstamo, según la Fiscalía, habría sido concedido "sin expediente de inversiones aprobado ni por el Departamento de Análisis (de Invercaria) ni por el Comité de Inversiones conforme a lo que se regulaba en el Plan Director de la compañía", ni mediar "plan de negocios ni análisis de inversión".
Cuando en 2008 Invercaria accedió al préstamo participativo solicitado por dicha empresa, la misma estaba "en quiebra técnica" y Fumapa y Fumafra no dedicaron el dinero recibido a ninguna inversión industrial, sino "al pago de acreedores, Seguridad Social y Agencia Tributaria".
A juicio del fiscal del caso, Pérez-Sauquillo "soslayó toda aplicación del plan director" que regía el funcionamiento de Invercaria y de "cualquier análisis" técnico, avisando de que la mencionada entidad de capital de riesgo operaba "prácticamente" como un "sistema de subvenciones y ayudas encubiertas".
Respecto al resto de miembros del consejo de administración, el fiscal ha señalado que habrían incurrido en "una dejación de funciones consciente y deliberada", al haber apoyado la concesión del citado préstamo participativo sin que pesase suficiente documentación para ello. "Nadie actuó para que se aportará la documentación que Fumapa estaba obligada a entregar", ha aseverado, reprochando a estos acusados su "indolencia".
