Multa de 60.000 euros para conseguir que "den la cara" por la corrupción
La presidenta del Parlamento presenta una modificación del reglamento interno para evitar los desplantes de los citados en las comisiones de investigación, como el caso de la Faffe.
Los tres expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, Susana Díaz y José Antonio Griñán, en una imagen de archivo.
La falta de utilidad de la comisión de investigación que lleva a cabo el Parlamento de Andalucía sobre las irregularidades de la Faffe ha provocado que la propia institución tome medidas. Desde el inicio de la actividad de este organismo se han sucedido las ausencias de los comparecientes y en otras ocasiones la negativa a declarar, en más de la mitad de las citaciones realizadas.
El primer ejemplo de estos casos fue el del expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, que se sentó en noviembre de 2019 ante los miembros de la comisión pero se negó a responder a las preguntas, al considerar que su comparecencia estaba "instrumentalizada" y respondía a intereses políticos. Su sucesor, José Antonio Griñán, no apareció y otras como la actual ministra María Jesús Montero o la expresidenta Susana Díaz se aferran a un error en la forma de notificar la citación para eludir dar explicaciones.
Pero estas actitudes podrían tener consecuencias. La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, ha presentado hoy miércoles una borrador para la reforma del Reglamento interno de la institución. En el documento se prevé la posibilidad de multar con 60.000 euros al compareciente en comisión de investigación que incumpla la obligación de "declarar y contestar a las preguntas que se le formularen, en relación con el objeto de la investigación de modo completo y adecuado".
La presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet.
Sin embargo, la redacción de esta propuesta contempla la excepción de que "concurra causa legal que ampare su derecho a prestar silencio o no declarar contra sí mismo". Y es que en algunas ocasiones, los citados están inmersos en procesos judiciales que están actualmente dirimiéndose, por lo que quedaría justificado que no den información en la comisión parlamentaria.
Unos han llegado, han dicho buenos días, y han desvirtuando el contenido de las comisiones de investigación
La presidenta del Parlamento ha señalado que el importe fijado de la sanción también es a iniciativa de los Servicios Jurídicos de la Cámara, y ha defendido la propuesta ante la actitud de comparecientes, ya que la comisión tiene como competencia dirimir responsabilidades políticas y no penales.
