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La Junta recibe el rechazo del TSJA para implantar el pasaporte Covid

El Tribunal reconoce que la solicitud del Gobierno andaluz es "proporcionada" e "idónea", pero la deniega porque no fijan una limitación en el tiempo para su aplicación.

Pasaporte Covid

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La petición que realizó la Junta de Andalucía para implantar el llamado "pasaporte Covid" para acceder a hospitales y residencias ha sido rechazada hoy jueves por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El TSJA ha acordado no ratificar la orden del Gobierno andaluz relativa a exigir el certificado Covid-19 de vacunación o una prueba diagnóstica para el acceso a centros sanitarios con internamiento y centros sociosanitarios de carácter residencial "al no contar con una limitación temporal de su vigencia".

A pesar de que el Tribunal considera que la medida planteada cumple con los requisitos de "proporcionalidad, necesidad e idoneidad, y que hay una escasa entidad de la restricción de los derechos fundamentales", no da luz verde a la petición porque estima que debe fijarse durante un tiempo determinado, es decir, tendría que tener fecha de inicio y fin en base a la evolución de la pandemia, y una justificación.

"Puede conducir a que en un periodo determinado deje de reunir los requisitos previamente expuestos, por lo que se estaría prolongando en el tiempo una restricción de derechos fundamentales sin justificación suficiente", han comunicado desde el TSJA.

Aún así, el auto expone claramente que la medida facilita la prevención de infecciones y, en consecuencia, puede evitar un brote entre las personas más vulnerables.

Esta resolución no es firme y contra ella cabe la posibilidad de interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de tres días hábiles.

A pesar de esta decisión, desde la Junta de Andalucía habían manifestado su interés para implantar el pasaporte Covid en restaurantes y establecimientos de ocio, como ya ha ocurrido en otras comunidades como Navarra. Sin embargo, el propio presidente, Juanma Moreno, ha pedido una normativa nacional sobre este asunto, ante el "guirigay" que hay montado.