Caso ERE: continúa el proceso ante el desvío de 66 millones en comisiones
Un auto del juez de la macrocausa de los expedientes de empleo (ERE) en Andalucía, apunta a un exconsejero socialista, dos exdirectivos de la Junta y los sindicatos UGT y CCOO.
El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, en los juzgados sevillanos.
La investigación de la corrupción dentro de la Junta de Andalucía durante los gobiernos socialistas siguen tramitándose en los juzgados de Sevilla, que hoy anuncia, a través de un auto, que continúan las diligencias contra 35 personas, entre ellas tres exaltos cargos de la administración y dos entidades, Permar 21 S.L. y Cureña S.L, por el cobro de unas "sobrecomisiones" por valor de 66 millones de euros.
El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, al frente de esta pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE), sigue el procedimiento al tener de los indicios de que las pólizas de prejubilaciones vinculadas a los ERE financiados por la Junta se pagaron por encima de la media del mercado.
Considera que los hechos "pudieran ser constitutivos” de presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental, prevaricación administrativa, cohecho, malversación de caudales públicos y asociación ilícita.
Entre las 35 personas contra las que el juez dirige el auto como presuntas responsables penales se encuentran el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, y los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, además del "conseguidor" de los fondos, el sindicalista de UGT, Juan Lanzas.
Los dos primeros ya fueron enjuiciados en una pieza denominada "procedimiento específico" a efecto de ilícita concesión de ayudas, por lo que el instructor argumenta que “no se daría un doble enjuiciamiento en relación a unos mismos hechos delictivos en dos causas distintas".
Sin embargo, “las posibles sobrecomisiones investigadas no serían consecuencia necesaria de la ideación y ejecución del llamado procedimiento específico”, prosigue el juez, que alude igualmente a distintos autos dictados por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla. En ellos, se confirma “expresamente” la inclusión como investigados en esta pieza separada de Fernández y Márquez, así como del también ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, contra el que el juez declara extinguida la responsabilidad penal tras su fallecimiento.
Los sindicatos CCOO y UGT, entre los responsables del supuesto fraude
En el auto, el juez continúa el procedimiento en calidad de responsables civiles subsidiarios contra un grupo de entidades, entre las que se encuentran UGT, UGT-A, la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT-FICA), CCOO, CCOO-A y CCOO de Industria.
El magistrado considera que el ex consejero de Empleo y los ex directores generales de Trabajo, junto a varios responsables del grupo Vitalia y otros investigados, “de común acuerdo y con ánimo de lucro, aprovechando la ausencia de control alguno de los fondos públicos destinados a las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta".
Habían diseñado y ejecutado un sistema para crear un fondo de caudales públicos, constituido por el exceso indebido de las comisiones de las pólizas asociadas a estas ayudas, abonado por la Junta con cargo a varios programas presupuestarios de la Consejería de Empleo y a otros de la de Innovación.
Este sistema fue ordenado, aceptado y consentido por referidos responsables de la Consejería de Empleo, mientras que las cuantías eran fijadas por los mediadores de las respectivas pólizas en las que intervenían.
En este punto, el instructor indica que este fondo de sobrecomisiones, una vez abonadas, habría sido posteriormente distribuido a través de "sociedades instrumentales", simulando operaciones ficticias para que se pudieran integrar en el patrimonio de los "mediadores" y "conseguidores".
Un lucrativo "negocio" de intermediación en el que participaron estas entidades al margen de cualquier mínima forma de legalidad, estaban integradas en el Grupo Uniter, y en el grupo Vitalia.
El juez enumera las presuntas irregularidades y señala como la de mayor relevancia la forma "arbitraria, excesiva y fraudulenta" de establecer la cuantía de la retribución (sobrecomisiones) "para obtener un enriquecimiento ilícito con cargo a los fondos públicos de la Junta destinados a financiar las ayudas sociolaborales”.
El exceso de comisiones totales cobradas irregularmente por entidades del Grupo Uniter ascendería a la suma de 29.804.937 euros, en tanto que las entidades del Grupo Vitalia habrían cobrado 36.228.300 euros. Y aquí entra en juego el sindicalista Lanzas, entre los responsables, junto a un despacho de abogados y los sindicatos de trabajadores.
En otro auto, fechado el día 20 de diciembre y notificado también hoy martes, el magistrado acuerda la detención y su inmediata puesta a disposición del Juzgado de un ex directivo de la mediadora Vitalia investigado en esta pieza separada del caso ERE y que se encuentra en paradero desconocido, y en consecuencia acuerda la expedición de la correspondiente Orden Europea e Internacional de Detención y Entrega del mismo.
