La Faffe fue el "manual de corrupción socialista de los gobiernos de Andalucía"

La comisión de investigación que lleva a cabo desde el año 2019 el Parlamento de Andalucía para esclarecer las irregularidades cometidas a través de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, conocida como Faffe, va tocando a su fin.

Hoy jueves los diferentes grupos que han estado presentes en las sesiones de esta comisión, que trata de depurar las responsabilidades políticas, han presentado sus conclusiones y las han registrado en el Parlamento. Desde el Partido Popular tienen muy claro quienes son los culpables: los tres expresidentes andaluces socialistas.

Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz, son señalados por el PP como "responsables políticos" del desvío de fondos que debían ir destinados a los parados, para pagar prostíbulos con tarjetas black y colocar a los afines al PSOE-A dentro de la Junta de Andalucía.

La corrupción llevada a cabo por la Faffe fue "impulsada, tolerada y protegida por los gobiernos socialistas. Sus presidentes fueron pasivos en la persecución de la corrupción y, por lo tanto, fueron cómplices", según han manifestando hoy en rueda de prensa la diputada popular Ana Vanesa García. El PP cifra en 480 millones el dinero desviado o derrochado que ha salido de las arcas andaluzas.

La Faffe fue el manual de corrupción socialista de los gobiernos de Andalucía.

Así califican desde el PP a esta Fundación, de la que aseguran que no "es sólo la vergüenza de gastarse el dinero público en un prostíbulo" o de que fuera la agencia de colocación que usaban los socialistas, como fue la colocación de la mujer del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que ha llegado a los juzgados, sino prueba que se producía "la corrupción de alto voltaje".

Para el PP se traspasan todas "las líneas rojas", ya que se han comprobado, a través de las sesenta sesiones de comparecencias y de numerosa documentación estudiada multitud de fraudes. Se amañaban contratos con "empresas amigas", se firmaban contratos con entidades externas para que tuvieran presencia en altos cargos de la Junta, se blindaron alquileres de hasta 1,5 millones a sabiendas de la inminente extinción de la Fundación, pusieron personal a controlar los expedientes de los ERE para evitar el control de los funcionarios y diferentes fraudes en consorcios públicos.

Ocho exconsejeros implicados, entre ellos la ministra Montero

Las conclusiones presentadas por el PP señalan junto a los que fueron presidentes, a ocho exconsejeros de Empleo y Hacienda de la Junta, entre ellos a la actual ministra María Jesús Montero como responsable de Hacienda entre 2013 y 2018. También a los consejeros socialistas Carmen Martínez Aguayo, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Manuel Recio, José Sánchez Maldonado, Javier Carnero y Antonio Ávila.

Sin olvidar a los exdirectores de Empleo y al director de la Faffe, Fernando Villén, que además ser el cabecilla de la trama, era miembro de empleo de ejecutiva socialista.

Pero los populares han dedicado una mención especial en su documento y en su comparecencia a la ministra andaluza a la que apuntan como responsable de que los expedientes de reintegro de las subvenciones de la Faffe, que cifran en 115 millones de euros, no se justificaran. "Tenía la obligación de recuperar esos expedientes" pero "los mantuvo en los cajones y miró para otro lado", han asegurado.

Montero ha eludido las dos citaciones para comparecer en la comisión alegando a su condición de ministra como motivo para no tener que declarar en una cámara autonómica, por lo que también han criticado que haya recurrido a "estar aforada" para librarse de dar explicaciones.

Los gobiernos socialistas miraron a otro lado a pesar de las alertas que llegaban a través de los informes de la Cámara de Cuentas, de la Intervención General, de las auditorias de Faffe internas y externas y del Gabinete Jurídico de la Junta, que "decía que no se estaban haciendo bien las cosas".

La ministra Montero y la senadora socialista Susana Díaz saludándose.

No se dieron por aludidos al tiempo que conocían los procesos y sentencias judiciales y los titulares que protagonizaban las informaciones en los medios de comunicación. Eludir responsabilidades es lo que también hizo la socialista Susana Díaz, hoy senadora, que justificó que "no estaba allí", a pesar de que el escándalo estaba sobre la mesa al liquidarse la Fundación y ella estaba al frente del Gobierno andaluz, con Montero como consejera.

La diputada del PP ha señalado que "no colaboró con la justicia" y apunta a que tendrá que ser el secretario general del PSOE-A el que tome medidas sobre la continuidad en el cargo de Díaz. "El señor Espadas el que debe decidir si debe pedirle el acta de senadora por la comunidad autónoma. A nuestro juicio, Susana Díaz debería abandonar el Senado", ha manifestado García.

Cs señala a Chaves y Griñán y exculpa a Díaz

En las conclusiones presentadas por el grupo de Ciudadanos y que hoy ha trasladado los diputados Teresa Pardo y Juan de Dios Sánchez, los expresidentes Chaves y Griñán, fueron los responsables. "Chaves lo diseñó, fue el ideólogo sabiendo que este sistema tenía lagunas legales y Griñán lo mantuvo, fue el que continuó con la Faffe", ha señalado la formación naranja.

Sin embargo, sacan de la lista a Susana Díaz alegando que aunque fue una pésima gestora, ya no existía la Faffe cuando ella era presidenta y el Servicio Andaluz de Empleo ya había absorbido al completo la plantilla de la Fundación.

Aún así califican la Faffe como el mayor caso de corrupción de España y "el más inmoral y el más indecente de la historia de la democracia". Así han incidido en las formas usadas para desviar el dinero público, como ha sido el caso de los 20.000 euros que se gastaron en los prostíbulos que salió de la partida de protocolo y publicidad que "llegó a contar con 11 millones de euros".

Una vez registrados los escritos de los partidos, el presidente de la comisión tendrá que unir las conclusiones que llegarán al pleno de la Cámara.