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El Gobierno andaluz seguirá trabajando en septiembre hasta agotar el mandato

El portavoz del Gobierno se marca como meta abrir el segundo periodo de sesiones y presenta dos nuevas leyes que han sido aprobadas y tendrán que ser ratificadas por el Parlamento

El portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo (PP), hoy en rueda de prensa.

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"Agotar la legislatura" ha sido una de las frases más escuchadas durante cada una de las ruedas de prensa que tienen lugar después de cada Consejo de Gobierno y también por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Pero hoy, el Ejecutivo de PP y Cs se fija como "objetivo" no sólo concluir el primer periodo de sesiones parlamentarias en el mes de julio, sino continuar su trabajo en el mes de septiembre.

Se descarta así cualquier posible adelanto electoral y se marcan atendiendo a lo que marca la ley, por la que debería disolverse el Parlamento a finales de septiembre o principios de octubre para convocar los comicios en noviembre. Así lo ha explicado hoy miércoles el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo (PP), que ha insistido en que este es un mensaje de "estabilidad" fundamental para la recuperación económica, para los inversores y para la sociedad andaluza.

No sólo llevarán hasta el final de los cuatro años el mandato del bipartito, sino que tienen nuevas tareas por delante. En este sentido, han anunciado dos nuevas medidas que han sido aprobadas en la reunión y que tendrán que ser ratificadas por la Cámara andaluza. Se trata del proyecto de ley de creación de los Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría de la Junta de Andalucía y el proyecto de la Ley de Policías Locales.

La Junta quiere intensificar el control interno

La primera de las propuestas del Ejecutivo de Juanma Moreno tiene como objetivo reforzar el control interno y la contabilidad pública, por lo que esta ley permitiría dotar a la Administración autonómica de un grupo de funcionarios de la máxima cualificación y especialización para dicho fin.

El Gobierno andaluz persigue con esta ley contribuir al desarrollo de un modelo de control interno de la actividad financiera pública más eficaz y adaptarse a la evolución de los sistemas de gestión financiera de los recursos públicos para que sea más transparente y eficaz.

Una iniciativa que además tiene también otro objetivo que es evitar las irregularidades que se cometieron durante los gobiernos del PSOE-A en la Junta y que han puesto en el foco de la corrupción a la comunidad. "Mientras que los gobiernos socialistas apartaban a la Intervención", ha sealado Bendodo que ha apuntado aquí al caso de los ERE fraudulentos, "nosotros la reforzamos, para nunca vivir más la vergüenza de la corrupción"

El proyecto de ley aprobado se quiere adaptar no sólo a que no se repita el anterior descontrol sino también adaptarse a las nuevas necesidades del servicio que requiere de mayor especialización. De esta manera, las funciones del Cuerpo superior de interventores y auditores se centrarán en tareas de decisión, planificación, organización, supervisión y dirección de las áreas competenciales de control, así como en la emisión de informes, dictado de actos de control o asesoramiento superior. Por su parte, el Cuerpo técnico se centrará fundamentalmente en el apoyo a las funciones de auditoría y a las nuevas funciones de supervisión continua que se implementen.

Andalucía será un territorio más seguro

Con respecto a la Ley de Policías Locales de Andalucía que presenta el Ejecutivo andaluz, pretende resolver numerosas cuestiones tras los 20 años de vigencia de la ley actual.

Entre sus principales novedades se establece la exigencia de un mínimo de cinco efectivos en todos los cuerpos de la policía local y la obligatoriedad de que todos los municipios con población mayor o igual a 5.000 habitantes cuenten con cuerpo de la policía local. La nueva ley contempla también la asociación de municipios cuando dos o más limítrofes no dispongan de recursos suficientes por separado.

Por otro lado, el texto normativo también promueve que, por parte de los ayuntamientos y de manera preferente, se establezcan patrullas compuestas por más de un agente o en colaboración con otras fuerzas y cuerpos de seguridad.

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