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El marido de la directora de la Guardia Civil ganó 123.000 euros con la Junta

La Policía investiga los negocios de Juan Carlos Martínez, esposo de la socialista María Gámez, al recibir enormes ingresos como asesor de empresas públicas en un año y medio de trabajo.

La directora de la Guardia Civil, María Gámez, que antes del cargo fue concejala socialistas del Ayuntamiento de Málaga.

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La investigación sobre el rápido enriquecimiento de Juan Carlos Martínez Martínez, marido de la actual directora de la Guardia Civil, María Gámez, mediante la participación en los negocios de empresas que recibieron cuantiosas ayudas de la Junta de Andalucía continúa.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional está tratando de desvelar la participación de Martínez en estas empresas, tras aparecer su nombre de forma reiterada en el caso de Santana Motor. Este ha sido otro de los escándalos de corrupción del PSOE-A, en el que se busca el paradero de los 36,1 millones de euros que se otorgó a la empresa automovilística a través de ayudas, incluso días después de su cierre.

Ahora, según publica el periódico ABC, se conoce que el marido de Gámez recibió 123.786 euros en poco más de un año, entre enero de 2010 y junio de 2011, del Gobierno andaluz. Fue mediante los tres contratos que fue encadenando como asesor en empresas públicas, dos de las cuales fueron extinguidas y absorbidas por otras sociedades meses después.

Encadenaba contratos sin esperar ni un día

Martínez fue asesor de Incubadoras de Emprendedores de Andalucía S.L.U. (Incuba), la Sociedad para la Promoción y la Reconversión Económica de Andalucía S.A. (Soprea) y Fomento, Asistencia y Gestión Integral de Andalucía S.L.U. (Fagia). El investigado no estuvo trabajando más de seis meses en ninguna de ellas y en entre su cese y nueva contratación no pasó un sólo día de diferencia en algunos casos.

Juan Carlos Martínez estaba dentro de la Junta antes de llegar a estas empresas públicas. Había sido asesor del exministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, del exconsejero andaluz Francisco Vallejo y del secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, bajo el mandato de Manuel Chaves.

Una carrera por los despachos que le llevó en 2010 al puesto de subdirector de Incuba, con una retribución de 65.000 euros brutos anuales, de los que percibió la mitad durante los seis meses al frente de la gestión empresaria, según consta en la documentación que la Agencia IDEA ha remitido a la Policía.

Los siguientes meses, hasta diciembre, el marido de la socialista pasó a la siguiente empresa pública, Soprea, donde fue contratado al día siguiente y donde completó un salario anual en 2010 de 61.750 euros brutos anuales, según el informe que recoge el diario.

La ruta por entes públicos no se queda aquí y el asesor ficha en un nuevo puesto de profesional de apoyo a la administración para la empresa Fagia. Aquí recibió otros 31.524 euros por menos de siete meses de trabajo.

No sólo los abultados salarios del marido de la directora de la Guardia Civil son llamativos, sino también la utilización de los entes públicos por parte de la Junta de los socialistas, que activaban unos entes y liquidaban otros a su antojo. En este caso, Incuba, sociedad perteneciente a la Agencia absorbió a Fagia y al día siguiente fue a su vez extinguida y traspasada a Soprea.

Toda una trama que hace complicado determinar donde se gastaba el dinero y en la que están involucrados también otros miembros de la familia de Martínez. Los investigadores se centran en el exasesor político y su sociedad Job Management Liberty SL, así como en sus dos hermanos, Bienvenido y Manuel Martínez, con las empresas Experience Management Group SL y Job Management Liberty SL, dedicadas a labores de gestoría.

Estas consultoras "presentan importantes ingresos de sociedades que reciben a su vez cuantiosos ingresos de la Junta". Las beneficiarias de este dinero público son Santana Motor, presidida por Bienvenido, Fagia, Fasur, Laboratorios Farmacéuticos Rovi y la planta de energía solar Isofotón también investigada por 43 millones que recibió del gobierno andaluz del PSOE.

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