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La Junta planta cara ante la sequía de medidas del Gobierno de Sánchez

La Junta traslada al Ejecutivo de la Nación una batería de actuaciones para "amortiguar" los daños provocados por la falta de agua en el campo andaluz y pide que asuman sus competencias.

Imagen del pantano de la Viñuela en Málaga casi seco, se encuentra al 15% de su capacidad.

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Los agricultores en Andalucía están atravesando uno de los momentos de mayor dificultad para afrontar su actividad. A los elevados costes de producción y bajos precios de venta, junto con una Política Agraria Común (PAC) que recorta ayudas, se une ahora el azote de la sequía en la mayor parte del territorio.

No llueve en la comunidad y desde la Junta de Andalucía ya han tomado medidas para paliar las consecuencias de la falta de agua para los cultivos. Pero muchas de las actuaciones que pueden atajar las pérdidas de agricultores y ganaderos dependen del Gobierno de España que dirige Pedro Sánchez.

Por ello, hoy viernes en la Mesa Nacional de la Sequía el Ejecutivo andaluz realiza peticiones concretas al respecto. Por un lado, reclama la exención del pago del IBI rústico a las fincas afectadas por la sequía, así como más fondos 'Next Generation', tanto para mejorar el regadío como para la ejecución de infraestructuras declaradas de interés general del Estado, para "amortiguar" el impacto sobre el sector agrario.

En referencia al IBI rústico, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible con Carmen Crespo al frente, han exigido su eliminación al igual que se hizo en el año 2018 y al mismo tiempo se solicitará la correspondiente compensación a los ayuntamientos al retirar estos ingresos de las arcas municipales.

El Ejecutivo andaluz entiende que es "necesario" que a estas nuevas medidas se sumen una relación de iniciativas que el Gobierno "tiene en su mano, bien ejecutándolas de forma directa o bien reclamando su aprobación a la Comisión Europea". Así, en la reunión, Andalucía también insistirá en reclamar más fondos europeos de recuperación "tanto para mejorar el regadío como para la ejecución de infraestructuras declaradas de interés general del Estado y la prórroga de la Medida 21 del PDR (ayudas Covid)".

La batería de medidas que pide la Junta

El Gobierno de Sánchez y su ministerio de Agricultura, dirigido por Luis Planas, tiene muchos deberes pendientes en esta materia, motivo por el que recibe un aluvión de reclamaciones de una región donde el sector es vital.

Además de las anteriores medidas, se presentarán otras reivindicaciones, como la implantación de la doble tarifa eléctrica para regadíos, la reducción módulos del IRPF al 50% y el aumento en el adelanto de la PAC del 50 al 70%. También buscan la oferta de créditos ICO bonificados para agricultores y ganaderos y la activación de los fondos de solidaridad, así como la puesta en marcha de las obras de emergencia para paliar la sequía en las cuencas competencia del Estado y auxilio económico para las obras en cuencas competencias de la comunidad autónoma.

Para la Junta, dentro del "ramillete de posibilidades" que contribuirían a paliar los efectos de la sequía, se encuentran la bonificación del agua desalada para todos los usuarios afectados por la sequía o la autorización del uso del agua sobrante de la desaladora de Torrevieja para el levante almeriense a través de las conducciones trasvase Tajo-Segura, así como la adecuación de los seguros agrarios a las necesidades del sector.

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