El juez para los pies a la defensa del juicio de los ERE y sigue adelante
El juez al frente del caso de los ERE fraudulentos no observa vulneración de los derechos ni indefensión de los acusados, entre ellos el hermano del expresidente Rodríguez de la Borbolla.
Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta, llegando a la Audiencia de Sevilla.
La Audiencia de Sevilla ha celebrado este miércoles la segunda sesión del juicio por las ayudas autonómicas a empresas vinculadas al sector del corcho de la Junta de Andalucía, con la que eran sufragados los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y subvenciones arbitrarias y sin publicidad.
Esta segunda sesión del juicio, como la primera, ha estado centrada en las cuestiones previas presentadas por las partes, que son la Fiscalía, la Junta de Andalucía, el PP andaluz como acusación popular y las defensas de los acusados. En el banquillo se sientan Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente socialista de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, y exalcalde de Cazalla de la Sierra por el PSOE, por su papel de socio mayoritario, administrador único o apoderado de las empresas.
También el actual alcalde de Cazalla, Sotero Manuel Martín Barrero, como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas; el coadministrador de las empresas R.B.M.; un empresario portugués administrador de hecho de varias de las entidades, identificado como F.P.M.O.; y un responsable bancario identificado como G.C.E.
En conjunto, el caso abarca las ayudas concedidas entre 2001 y 2007 por importe de 8.408.096 euros a este grupo de empresas, "prescindiendo absolutamente de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello, sin fiscalización, justificación ni control previo, y, en definitiva, de forma fraudulenta y arbitraria", según el juez instructor José Ignacio Vilaplana.
Rechazan los argumentos de la defensa
En ese marco de las cuestiones previas, la defensa de Ángel Rodríguez de la Borbolla había avisado de una posible "vulneración de los derechos fundamentales" a un proceso debido y a la seguridad jurídica, basándose en que el juez determinó la imposibilidad de "depurar responsabilidad penal ni continuar el procedimiento" contra los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, al figurar los mismos ya como encausados en otra pieza del caso mediante el cual eran canalizadas las ayudas indagadas.
Así, la defensa de Rodríguez de la Borbolla se mostraba en contra de que los acusados fuesen juzgados como cooperadores necesarios sin que sean sometidos a juicio los presuntos "autores" como tal de los hechos y sin que pese sentencia firme sobre el caso que condenó a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a los exconsejeros.
Los problemas de las 'macrocausas'
Ante ello, el tribunal ha reconocido que se presenta una "cuestión muy compleja", avisando de los "posibles efectos perniciosos de las macrocausas", que derivan en juicios "eternos" si se juzgan en una sola pieza y plantean "estos problemas si se desglosan".
Considerando que en cualquier caso no pesa "ninguna indefensión relevante, efectiva o material", pues la propia defensa de Rodríguez de la Borbolla no llegó a "concretar en qué puede ser limitada su capacidad de defensa" a cuenta de esta situación e incluso admitió que se trataba de una cuestión previa quizá "prematura", según ha rememorado el tribunal. Así zanja que la "conclusión" de este aspecto habrá de ser abordada "en otro momento procesal", en concreto "en el momento decisivo" de la sentencia.
Eso sí, el tribunal ha reconocido la "inquietud" que despierta esta aspecto, considerando que la "vetusta y decimonónica" Ley de Enjuiciamiento Criminal "no está preparada" para estas macrocausas.
