Borbolla se defiende de su participación en el ERE alegando que le "arruinó"

Uno de los juicios más complejos dentro de la macro causa de corrupción de los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo) en Andalucía está siendo el que investiga las ayudas autonómicas a empresas vinculadas al sector del corcho, que tiene como principal acusado a Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente socialista de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, al que este miércoles la Audiencia de Sevilla le ha tomado declaración.

Este juicio gira en torno a las ayudas concedidas entre 2001 y 2007 por importe de 8.408.096 euros a un grupo de empresas, "prescindiendo absolutamente de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello, sin fiscalización, justificación ni control previo, y, en definitiva, de forma fraudulenta y arbitraria", según el juez instructor José Ignacio Vilaplana.

Los enjuiciados, además del hermano del expresidente, son el exalcalde de Cazalla de la Sierra por el PSOE, por su papel de socio mayoritario, administrador único o apoderado de las empresas investigadas; el actual alcalde de Cazalla, Sotero Manuel Martín Barrero (PSOE), como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas; el coadministrador de las empresas Rogelio B.M.; un empresario portugués administrador de hecho de varias de las entidades, identificado como Fernando Pedro M.O.; y un responsable bancario identificado como Gerardo C.E.

Tras las pruebas testificales y periciales celebradas a lo largo del juicio, iniciado a mediados de marzo, el primer acusado en prestar declaración ha sido Ángel Rodríguez de la Borbolla, quien se ha defendido manifestado que las subvenciones cosechadas por las citadas entidades "eran absolutamente especiales" y estaban destinadas a empresas "en crisis que reunieran unos requisitos", siendo estos fondos regidos por "un procedimiento absolutamente especial", según sus palabras.

Entre ellas una de 1,1 millones de euros que recibió Borbolla y el exalcalde socialista del Gobierno central en el año 2011, después de que el caso ERE saltara a la luz pública y se comenzara a investigar en los juzgados.

Las empresas a las que llegaron estos millones de las arcas públicas andaluzas y de las que Borbolla era socio, son Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera.

Su participación en estas empresas le llevó a la ruina

Según las palabras del acusado, el dinero público obtenido por el citado grupo de empresas, según ha dicho, fue destinado a "pagar deudas" de las mismas con la Seguridad Social, Hacienda, trabajadores y proveedores, así como a "inversiones" de diversa índole.

El gasto de los fondos, según ha manifestado, no fue justificado ante la Administración andaluza porque aunque los responsables de las empresas beneficiaria preguntaron por ello ante la Junta, según ha asegurado, dado que la Administración no requirió tal extremo, la justificación no fue presentada. "Era la función de ellos", ha dicho con relación a los responsables de la Junta.

En cualquier caso, ha defendido que "nadie" le hizo "la más mínima indicación" de que se pudiese tratar de ayudas "ilegales" o que mediase algún "incumplimiento" de la legalidad vigente.

Y especialmente, ha asegurado que ninguno de los socios de las empresas mencionadas cobró "ni un solo euro" en dividendos o dietas por su participación en las entidades beneficiarias de las ayudas cosechadas. Es más, ha asegurado que la participación en las mismas supuso "la ruina para algunos" de ellos. En su caso, según ha aseverado, él acabó "totalmente" arruinado por su participación en estas empresas que, según ha defendido, "mantuvieron la economía de los pueblos" de la Sierra Norte sevillana "todos los años que funcionaron", generando en su conjunto 187 puestos de trabajo.