La corrupción de los ERE del PSOE-A aparece en el arranque de la legislatura
El juez llevará a juicio el desvío de casi 20 millones de euros en un ERE fraudulento en el que está implicado un exalto cargo de la Junta, mientras que excluye a un exconsejero de la causa.
Daniel Alberto Rivera, exdirector de Trabajo de la Junta de Andalucía y principal investigado en la causa.
Este jueves arranca la XII legislatura en el Parlamento andaluz con el PP-A de Juanma Moreno ocupando la mayoría de los escaños tras la victoria electoral. Segundo mandato consecutivo con el PSOE-A en la oposición como consecuencia del 'castigo' recibido en las urnas, debido en parte a la corrupción ejercida desde la Junta durante casi cuatro décadas.
Por ello es significativo que el mismo día en el que el líder socialista Juan Espadas ocupa su sillón en la Cámara, desde los juzgados lleguen novedades sobre una de las muchas piezas en la que se divide a macrocausa de los ERE (expedientes de regulación de empleos), tantas como desfalcos se han producido en las arcas públicas para favorecer a determinadas empresas o personas afines al partido.
Este jueves, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra seis personas investigadas por las presuntas irregularidades en las ayudas que la Junta de Andalucía habría concedido por un importe de al menos 19.757.235 euros a la empresa González Byass S.A., dedicada a la elaboración de vinos y con domicilio social en Jerez de la Frontera (Cádiz), y a su asociación de ex trabajadores, denominada Asociación de Antiguos Trabajadores 11 de Abril de 2008.
Nuevo juicio que excluye al exconsejero Antonio Fernández
El magistrado toma esta decisión “por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos” de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental, dando traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones para poder llegar a juicio.
Los seis investigados en esta pieza separada del caso ERE son el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera; un directivo de la mediadora Uniter y cuatro miembros del Comité de Empresa de González Byass y representantes de la referida asociación de ex trabajadores, uno de los cuales, a su vez, era secretario de Acción Sindical de la Federación Agroalimentaria de CCOO en Cádiz.
En la imagen, el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, en a la Audiencia Provincial de Sevilla.
El magistrado explica que no es posible depurar la posible responsabilidad penal ni continuar el procedimiento contra el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá, y los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, ya fallecido, y Juan Márquez, pues “ya habrían sido encausados por la perpetración de aquéllos en el procedimiento abreviado relativo a la ilicitud penal del denominado procedimiento específico", el mismo que condenó a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Con respecto ex consejero Antonio Fernández, que fue trabajador de la empresa, el juez señala que figuraba entre los asegurados de la póliza de seguro de rentas junto con el resto de trabajadores afectados por el ERE, “si bien no consta su firma en el boletín de adhesión” y “no habría percibido rentas con cargo a esta póliza de seguros”, por lo que, “al no ser beneficiario directo de las ayudas, habría de quedar excluido de la presente causa".