La Junta consigue salvar su Ley del Suelo de la amenaza del Gobierno
Ambas administraciones han solventado sus discrepancias sobre el texto que regula el desarrollo urbanístico y alcanzan un acuerdo para evitar su recurso ante el Tribunal Constitucional.
La consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo (PP).
Una de las últimas iniciativas que impulsó el Gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía durante la anterior legislatura fue la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) o también conocida como Ley del Suelo, pero su aplicación sufrió un bloqueo. El documento sirve para regular el desarrollo urbanístico en la región pero ha estado a punto de ser tumbada ante la amenaza del Gobierno central de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Ahora la Junta ha alcanzado un acuerdo con el Estado que evita el recurso que se planteaba presentar contra 42 artículos y una Disposición Adicional y otra Final de la Ley. Ambas administraciones consideran resueltas las discrepancias suscitadas y dan por concluida la controversia planteada en función de los compromisos adquiridos, que se traducen, según el Gobierno andaluz, en "una interpretación y aplicación de los preceptos cuestionados conforme a la legislación básica" que, a juicio de la Administración General del Estado, estimaba afectada y era el origen de la controversia jurídica con la Administración autonómica. Es decir, un problema competencial.
Ese acuerdo se proyectará sobre una disposición adicional de la Ley y se tendrá en cuenta en el Reglamento de la Ley, que se encuentra en fase de tramitación. "Es una solución muy simple que no afecta para nada al contenido de la ley porque, como ya dijimos, la ley no vulnera ninguna competencia ni normativa en vigor", ha defendido la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, quien ha recordado que el Estado "amenaza con el recurso de inconstitucionalidad cada vez que el Parlamento aprueba una ley o decreto".
Carazo ha subrayado que este acuerdo es "de gran trascendencia, dado que evita el recurso de inconstitucionalidad del Estado y refuerza la seguridad jurídica de la norma que regula la ordenación del territorio y el urbanismo en Andalucía desde el pasado mes de diciembre".
En este sentido la consejera ha apuntado que espera que tampoco tenga ningún recorrido el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 diputados de Unidas Podemos y de representantes en el Congreso de ERC, Más País, Compromís y Nueva Canarias, que admitió a trámite el Tribunal Constitucional en marzo.
Los obstáculos que ha sufrido la Lista
La Lista la aprobó el 25 de noviembre de 2021 el Parlamento de Andalucía, después de que fuera rechazada en una primera ocasión en julio tras recibir una enmienda a la totalidad y proceder la Asamblea Legislativa andaluza a su devolución al Consejo de Gobierno.
La norma se aprobó, finalmente, con los votos de PP, CS, Vox y la abstención del PSOE y el 21 de marzo de este año ambas administraciones comunicaron al Tribunal Constitucional su acuerdo para crear y resolver las discrepancias sobre esos 42 artículos y un par de disposiciones.
La controversia jurídica sobre la Lista queda a expensas de la resolución del recurso de inconstitucional que interpuso, entre otros grupos parlamentarias, Unidas Podemos por Andalucía, que en la actual legislatura se denomina Por Andalucía.
Entre los posibles "motivos de inconstitucionalidad" argumentados por Por Andalucía figuran la decisión del entonces Gobierno de coalición de PP-A y Cs de tramitar la norma por el procedimiento de urgencia "cuando constitucionalmente no está justificado hacerlo para tramitar una norma sobre urbanismo que no precisaba de aprobación urgente", así como la presunta vulneración del principio de autonomía local.