Griñán y los condenados por los ERE conocían las ilegalidades y no actuaron
El Tribunal Supremo da a conocer la sentencia íntegra que ratifica la pena a 6 años de prisión al expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, por su "papel central" y pasividad.
Los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán (PSOE).
Después de conocer el fallo del Tribunal Supremo que ratificó las condenas a los implicados en el caso de corrupción de los ERE (expedientes de regulación de empleo) el pasado mes de julio, este miércoles sale a la luz el contenido íntegro de la sentencia. En los 1.205 folios de la misma, el TS asegura que el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, tenía "conocimiento de la ilegalidad" del criterio que se siguió con los ERE al tiempo que ha destacado su "pasividad" ante el "despilfarro y la arbitrariedad" con la que se concedieron las ayudas.
Es decir, sabían del uso irregular de las subvenciones autonómicas de la Junta de Andalucía y no lo frenaron sino que favorecieron la corrupción, por lo que se confirma la condena a seis años de cárcel para Griñán por los delitos de malversación y prevaricación, así como se mantiene la pena de 9 años de inhabilitación por prevaricación para el también expresidente socialista Manuel Chaves.
El tribunal, sin embargo, ha concluido que Griñán "tenía un papel central en la elaboración y aprobación de las normas presupuestarias por consecuencia de las competencias asignadas a sus cargos". "Es razonable presumir un alto nivel de conocimiento de estas normas así como de los problemas que pudieran suscitarse en la elaboración de los instrumentos presupuestarios", añade el fallo.
Los magistrados del Supremo han coincidido con el criterio de la Fiscalía, que durante una vista celebrada el pasado mayo pidió que se confirmaran las condenas impuestas a casi una veintena de excargos de la Junta de Andalucía, incluidos los dos expresidentes. El Ministerio Público defendió que había quedado probado que "se quiso modificar el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control", propiciando un sistema "prevaricador" donde "cada uno de ellos colaboró para la consecución del fin conjunto".
En aquellas vistas, la defensa de Griñán pidió al tribunal que le absolviera de los delitos de prevaricación y malversación al considerar que en los hechos probados no constaba "ninguna irregularidad" del entonces consejero de Hacienda ni que tuviera conocimiento de ello ni tampoco "ánimo de lucro". "No puede malversar quien no puede decidir sobre el destino de los fondos", dijo su abogado.
Ahora la familia de Griñán ha solicitado el indulto para el socialista y será el Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez el que tiene en su mano conceder la medida de gracias al que fue compañero de partido. Aunque tras conocer al detalle la sentencia del Supremo tendrá difícil justificar los motivos para librar de la cárcel a Griñán, responsable directo de la pérdida de casi 700 millones de euros de las arcas andaluzas para favorecer a amigos, familiares y afines al PSOE.