Recuperar el dinero de los ERE no será tan fácil por la maniobra de Susana Díaz

La sentencia ratificada por el Tribunal Supremo tres años después de que la Audiencia Provincial de Sevilla condenara a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por la pieza política de los ERE ya no deja dudas de la corrupción y cifra el dinero desviado de forma fraudulenta en 679 millones de euros. Pero además de hablar del posible indulto de los socialistas, la duda ahora es cómo recuperar esa cantidad para las arcas públicas andaluzas.

Una misión nada fácil, ya que aunque en todos estos años sólo se han podido recuperar 21 millones de euros de esas ayudas sociolaborales que no llegaron a los parados, sino que se destinaron a otros fines. A ellos, se sumará próximamente 1,6 millones que ya han sido reconocidos, pero la gran parte de este 'botín' de momento está perdido.

La Junta de Andalucía, como principal damnificada por el fraude tiene la posibilidad de reclamarlo, a pesar de que el PSOE-A hizo lo imposible por evitarlo. Aquí cabe recordar que el principal obstáculo se presenta por la decisión de la propia administración durante el Gobierno de Susana Díaz, que en 2016 se retiró como acusación particular en la causa judicial que afectaba a Chaves, Griñán, exconsejeros y exaltos cargos socialistas.

Así pidieron el sobreseimiento de la pieza política al considerar que no se implantó un procedimiento para conceder estas ayudas con una "finalidad ilegítima", ni había quedado demostrado durante la instrucción que existía una "trama criminal", pero ahora se desmiente en la sentencia.

La expresidenta del PSOE-A apartó a la Junta del caso para 'salvar' a los suyos de que la Fiscalía pudiera reclamarles las fianzas millonarias que se fijaron en el inicio del proceso y que en caso de Griñán superaban los cuatro millones de euros. Tampoco dejó margen de maniobra al Partido Popular como acusación particular para pedir responsabilidades civiles, ya que la Audiencia alegó que "la acción civil ha de entablarse juntamente con la penal por el Ministerio Fiscal, haya o no en el proceso acusador particular; pero si el ofendido renunciare expresamente su derecho de restitución, reparación o indemnización, el Ministerio Fiscal se limitará a pedir el castigo de los culpables". Es decir, tras la sentencia del Supremo los culpables no tienen que devolver el dinero.

El Gobierno del PP en la Junta intenta recuperar el máximo del dinero

Pero quedan algunas vías y una de ella es Tribunal de Cuentas, que ha activado el proceso jurisdiccional para determinar las responsabilidades contables. Para ello ha emitido una serie de autos como primer trámite para que se reintegren los fondos malversados en los ERE y exigir el reintegro a la Junta de Andalucía de las ayudas sociolaborales a la prejubilación fraudulentas de las que se beneficiaron 17 empresas y más de 6.000 trabajadores.

Desde el Gobierno andaluz han explicado a Esdiario que los servicios jurídicos de la Junta están estudiando a fondo la sentencia y, tal y como ha señalado el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, en una comisión de control en el Parlamento: "Estamos personados como demandantes ante el Tribunal de Cuentas, órgano ante el que trabajamos para recuperar el máximo de dinero defraudado, a parte de las piezas penales donde se pide la responsabilidad civil", ha señalado Sanz.

Y en estas numerosas piezas penales en las que se divide la macrocausa de los ERE, unas pendientes de juicio y otras aún en investigación, estarán las máximas posibilidades para recuperar el dinero defraudado. En ellas, se exigen indemnizaciones millonarias a los responsables políticos, empresariales y también sindicales por los desvíos de fondos públicos y podrían aumentar la cifra de esos 679 millones hasta los más de 1.000.