El PSOE-A suma otro caso de fraude y malversación de fondos de tres exconsejeros

El juez instructor de la macrocausa de los ERE, José Ignacio Vilaplana, no da tregua a la corrupción instaurada por los gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía y pone en el foco en la invesigación del desvío de más de 33 millones de euros en ayudas otorgadas de manera arbitraria a través de cursos de formación, en el que participaron varios exconsejeros socialistas.

En esta nueva pieza, el magistrado apunta a que habían implantado un sistema ilegal para favorecer a empresas afines y amigos, del mismo modo que queda confirmado en la reciente sentencia del Tribunal Supremo, en el que algunos de los condenados son los mismos que protagonizan el caso que ahora se aborda.

Así el juzgado de Sevilla ha emitido un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra los exconsejeros socialistas de Empleo Antonio Fernández y Manuel Recio y otras seis personas investigadas en relación con las subvenciones por 33.309.789 euros "arbitrariamente" concedidas al entramado de sociedades del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda (ya fallecido), para los cursos de formación de los que fueron trabajadores de la multinacional de automoción Delphi.

El exconsejero de Empleo de la Junta gobernada por el PSOE, Antonio Fernández.

Vilaplana indica que los hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude de subvenciones y malversación de caudales públicos, toda vez que el exconsejero Antonio Fernández está condenado por la pieza principal de la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, correspondientes al procedimiento específico de canalización de los fondos, y por las ayudas de dicho sistema a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco).

Los exconsejeros simularon una contratación laboral

El magistrado analiza en el auto la situación generada en la Bahía de Cádiz con motivo del cierre de la compañía Delphi, señalando que ante la situación generada, la Junta, a través de sus responsables políticos, anunció su compromiso de atender de forma específica a los afectados por el cierre de Delphi y conseguir su recolocación en empresas de la Bahía de Cádiz.

Los hechos investigados en esta causa estarían se produjeron entre el 1 de septiembre de 2009 hasta el 28 de febrero de 2011 y en la que una serie de empresas y entidades impartieron formación a los afectados de Delphi, pero en este caso "simulando una contratación laboral". El coste de la formación y de la contratación (salarios y cotizaciones a la Seguridad Social) "se financió a través de subvenciones directas".

El instructor afirma que los ex consejeros de Empleo investigados "asumieron estos compromisos y acordaron establecer y mantener este sistema de subvenciones a la contratación, a pesar de ser conocedores que la normativa en vigor en modo alguno amparaba dicho sistema y que se simulaban contratos de trabajo que no se respondían con la realidad", para lo cual "habrían puesto en marcha un irregular sistema de concesión de subvenciones excepcionales y arbitrarias, que se destinaron, por un lado, a la simulación de relaciones laborales para proporcionar prestaciones de la Seguridad Social indebidas a un gran número de ex trabajadores de Delphi (con la colaboración de las asociaciones y fundaciones dirigidas y controladas por Ángel Ojeda); por otro lado, a mantener las percepciones de los ex trabajadores al margen de la normativa de protección por desempleo".

La trama de los consejeros para beneficiar a otro exconsejero

El juez asevera que "el sistema habría dado lugar, además, a que algunas de las asociaciones beneficiarias de las subvenciones desviaran fraudulentamente una parte considerable del importe de las mismas hacia una serie de entidades vinculadas, a través de la generación de sobrecostes, la fijación unilateral de precios y la contratación de servicios sin valor para la actividad subvencionada", todo ello "sin que los responsables de la Consejería de Empleo llevasen a cabo actuación alguna en orden a comprobar el correcto destino de las ayudas, posibilitando así la aplicación irregular de los fondos".

Así, "los proyectos subvencionados consistían en proporcionar formación a los ex trabajadores de Delphi para mejorar su empleabilidad, pero se exigía su contratación y alta en la Seguridad Social, si bien la actividad de los contratados no habría sido otra que la de recibir formación, sin que existieses una verdadera prestación de servicios", con lo que los contratos de trabajo "sólo tenían como objetivo crear una apariencia de ficticia relación jurídico-laboral para justificar el alta en la Seguridad Social como único medio para proporcionar a los ex trabajadores el periodo de carencia necesario para acceder" a prestaciones.

Finalmente, y según explica el magistrado, las subvenciones fueron otorgadas el 10 de agosto de 2009, el 26 de febrero de 2010 y el 3 de diciembre de 2010, a cada una de las cinco asociaciones que habría ofrecido Ángel Ojeda, como son la Asociación de Empresas Aeronáuticas (AEAA), que habría percibido la suma de 7.376.573 euros; la Asociación de Apoyo a la Integración (Humanitas), que habría obtenido 5.268.825 euros; la Asociación para la Sociedad de la Información (Innova), que habría percibido 7.376.573 euros; la Asociación para la Calidad Europea (Inteca), que habría obtenido la cantidad de 7.376.573 euros, y la Asociación de Apoyo al Medio Ambiente (Natura), con un montante total de 5.911.242 euros.

En los dos primeros casos, las ayudas habrían sido concedidas, "al margen de los procedimientos y principios legalmente aplicables", por el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, en su calidad de presidente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), mientras la restante corresponde a Manuel Recio, que la habría otorgado "sin estudios y análisis previos y sin comprobar la legalidad, haciendo dejación de sus más deberes elementales en el cargo".