A María León se le complica su defensa por la supuesta agresión a una policía
El sindicato de Policías Municipales de España defiende la actuación "ejemplar" de los agentes que detuvieron a la actriz y Vox eleva al pleno la queja ante el "silencio" del alcalde.
El altercado protagonizado por María León la madrugada del pasado sábado en al avenida María Luisa de Sevilla y que acabó con su detención, podría salirle caro. Existen dos versiones totalmente contradictorias de los hechos. Por un lado, la de los agentes que intervinieron, que narran con detalle en el atestado de la Policía Local la actitud provocadora de León y la agresión que sufrió una de las policías, que recibió un puñetazo en la cara y una patada en la pierna, así como graves insultos al tratar de retenerla cuando trataba de escapar del coche patrulla, según la declaración de los policías.
Del otro lado, la propia versión de la actriz que niega los hechos y asegura que no agredió a la agente, según comunicó, tras ser puesta en libertad provisional por los juzgados. Ella asegura que ha sido "víctima de un abuso policial" y tendrá que defenderse del delito de atentado a la autoridad.
Ahora llegan nuevos posicionamientos que ponen contra las cuerdas a la actriz. La última del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en el Ayuntamiento de Sevilla que ha defendido la "absoluta profesionalidad y ejemplaridad" de los agentes que practicaron la detención de León. La sección sindical alega, frente a las acusaciones de "abuso policial" de la encartada, que le fue deparado un "trato correcto y educado" a pesar de sus "provocaciones" y que quien fue atendida en un centro sanitario fue la agente a la que la actriz habría agredido, supuestamente.
Según el Sppme, los agentes actuaron "con escrupuloso respeto a la ley" y dentro de sus competencias, a pesar de las provocaciones de ésta y de la multitud congregada en el lugar del suceso, que eran los amigos y compañeros de la actriz.
Unas declaraciones que se producen después de que el área de cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) presentó una queja ante el Defensor del Pueblo Español, contra la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento de Sevilla, al considerar que los agentes habrían incurrido en "irregularidades y mala praxis". La asociación avisaba de que en este caso pesan "tres tipos de irregularidades muy extendidas entre las autoridades", en concreto la difusión del asunto "presuponiendo la culpabilidad de la ciudadanía, desalentar la grabación de las actuaciones policiales y los innecesarios traslados a dependencias policiales".
Pero desde el sindicato apartan cualquier tipo de dudas sobre la intervención de los agentes y han lamentado que "nadie del Ayuntamiento de Sevilla, ni de la Jefatura de la Policía Local de Sevilla, haya salido en defensa de la actuación" de los agentes, "creando una situación de desconfianza y desinterés" hacia los efectivos de la Policía Local hispalense.
Vox también defiende a la Policía y lo lleva al pleno
El caso no ha dejado indiferente tampoco al grupo de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla que ha anunciado que elevará una moción al pleno en demanda de que el mismo muestre su "inquebrantable apoyo a los agentes de la Policía Local y, en especial, a los que se han visto vilipendiados e insultados en las redes sociales acusados de un abusos policiales", tras la detención de la actriz.
Además, desde Vox se lanza una propuesta para poner fin a este tipo de situaciones y su portavoz municipal, Cristina Peláez, ha manifestado que "la utilización de cámaras portátiles, individuales, para cada agente que preste servicio en las calles resultaría una herramienta eficaz en la labor policial, otorgando mayor protección tanto a los ciudadanos como a los agentes, y despejaría cualquier duda sobre las actuaciones de la Policía Local, respetando las limitaciones que al respecto, se encuentran reflejadas en la normativa vigente".
Peláez ha lamentado que "ante el silencio del alcalde, Antonio Muñoz, y del delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, la opinión pública puede pensar en una mala praxis de los agentes actuantes en este caso".