Exdirigentes del PSOE reconocen haber recibido sobornos para el partido

El PSOE andaluz no tiene escapatoria y la justicia lo acorrala desde tantos frentes que cada semana es el protagonista por la trama fraudulenta de los ERE, por el caso Isofotón o Invercaria. Pero el que ahora se dirime ante la justicia de Fitonovo alcanza unos niveles de corrupción máximos con las primeras declaraciones que se han escuchado en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional.

En la sesión se pone contra las cuerdas al PSOE y también Izquierda Unida, ya que se investiga una trama cometida por dirigentes de ambas formaciones al frente del gobierno en el Ayuntamiento de Sevilla, en la etapa del alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE).

Lo que se juzga es una pieza del 'caso Madeja' que nació hace una década a raíz de las investigaciones de unas grabaciones de otro caso de corrupción, el de Mercasevilla, que destapó la jueza Mercedes Alaya y del que ahora se admiten las prácticas fraudulentas de sobornos llevadas a cabo.

En la sesión el exconcejal del PSOE en Sevilla Manuel Gómez Lobo y el exasesor socialista Domingo Enrique Castaño han reconocido haber recibido dinero de la empresa Fitonovo para favorecerla al adjudicarle contratos públicos.

El exasesor socialista Domingo Enrique Castaño en la Audiencia Nacional.

A preguntas de la defensa del PSOE, formación acusada de ser partícipe a título lucrativo, Manuel Gómez ha asegurado que dio, junto al exasesor y a su vez exdirector del área de Vía Pública del consistorio sevillano, dinero al partido procedente de Fitonovo.

El abogado del PSOE le ha preguntado qué cantidad total entregó al partido, a lo que el exconcejal, que al principio ha afirmado que fueron 30.000 euros en 2007, luego ha dicho no recordar si hubo más.

Se declaran culpables para rebajar sus penas

Tanto el exconcejal como el exasesor socialistas se han declarado culpables a cambio de una rebaja de las penas requeridas por la Fiscalía, que solicitaba más de un año y medio y que, finalmente, ha reducido sus peticiones por debajo del año de cárcel y a un máximo de 1.800 euros las multas, frente a las iniciales de más de 4.200, al apreciar las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas.

El Ministerio Fiscal ha alcanzado un acuerdo con diez de los acusados en esta pieza del 'caso Madeja', salvo con los exconcejales de Izquierda Unida (IU) Antonio Rodrigo y José Manuel García y el exedil del PP Joaquín Peña. Este último ha declarado este martes para desvincularse del caso y quien ha negado que tratase como "favorita" a una empresa cuyo comercial era un "amigo" suyo también miembro del PP, asegurando que pagó "hasta el último euro" de un coche que compró y que según la investigación inicial habría abonado parcialmente la sociedad Fitonovo.

Así, nueve de los acusados han admitido su papel en los hechos, por lo que se han reconocido culpables de cohecho o tráfico de influencias. Para el décimo, José Gutiérrez, el fiscal ha pedido que sea absuelto por prescripción, ya que se desvinculó de Fitonovo en el año 2003.

Como la pena de cárcel que han admitido es inferior a los dos años, el fiscal ha solicitado al tribunal de la Audiencia Nacional que se suspendan las condenas para que no entren en prisión.

Entre los que también han pactado con la Fiscalía menos de un año de cárcel y multas inferiores están Antonio Miguel Ruiz, exasesor de IU; Francisco Amores, exjefe del servicio de Parques y Jardines; el capataz Manuel Pineda; Francisco Luis Huertas, jefe de mantenimiento del Parque María Luisa, y empresarios o representantes de empresas como Carlos Alfonso Lozano, Juan Antonio Salas y Juan José López.

Durante las cuestiones previas, el PSOE no se ha pronunciado y la defensa de IU, que ha alegado que su supuesta participación habría prescrito, ha negado que el partido recibiese dinero de Fitonovo.

IU no tuvo "beneficio alguno, no incorporó dinero ni a su contabilidad ni a su patrimonio,", ha adelantado su abogada, que ha pedido aportar como prueba al juicio informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas para demostrar que "no hay trampa ni cartón".

El dinero del soborno en una caja de zapatos

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía señala que los socialistas Domingo Enrique Castaño y Manuel Gómez consiguieron que Fitonovo, "a cambio de las adjudicaciones ilícitas y un permanente trato de favor hacia la empresa", asumiera pagar al partido alrededor de 160.000 euros, entre otras cosas para unas obras en la Agrupación Local Macarena.

Respecto a IU, el Ministerio Público detalla que José Manuel García, Antonio Rodrigo y Antonio Miguel Ruiz recibieron de Fitonovo 155.000 euros, de los que 70.000 se le habrían entregado a uno de ellos en una caja de zapatos, por numerosas adjudicaciones, como once contratos para poner césped artificial en campos de fútbol.

La Fiscalía describe que Fitonovo creó una infraestructura, tanto operativa como contable, destinada a lograr "contratos públicos irregulares". Mediante la estructura comercial de la empresa, armó una red de contactos con "funcionarios corruptos" que les facilitaban la contratación y estableció una "contabilidad paralela" que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar los "sobornos" a funcionarios públicos.

La continuidad de las prácticas corruptas entre 1995 y 2013, el amplio ámbito territorial afectado y la multitud de administraciones y funcionarios implicados "llevan a concluir que las prácticas delictivas vinculadas a la obtención fraudulenta de contratos, tanto administrativos como privados, eran un elemento nuclear de la actividad de la empresa, hasta tal punto que ésta puede entenderse como un velo societario de dicha actividad criminal", asegura.

Según la Fiscalía, Fitonovo puso en marcha una trama societaria "causando grave daño al interés público", ya que "pervirtieron" numerosos concursos "en detrimento" de las arcas e interés públicos, causando un "grave daño socioeconómico" a las empresas que participaban de forma legal", coincidiendo con el juez instructor José de la Mata, que en 2019 abrió juicio oral a 88 personas por las siete piezas del caso.

Una trama que se extiende por España

El Ministerio Fiscal puntualiza que la entrega de comisiones se prolongó durante al menos quince años, por lo que acabó afectando a múltiples administraciones estatales, autonómicas y locales, e involucró en todo el país a un "elevado número de funcionarios y autoridades" de lugares como Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias.

Como el pago de comisiones a funcionarios no podía justificarse de forma lícita, añade, Fitonovo tenía una 'caja B' que se nutría de facturación falsa con un gran número de empresas suministradoras o proveedoras, operaciones que se registraban en la contabilidad oficial aparentando compras de suministros o de servicios.

El juez instructor atribuyó tanto a PSOE como a IU la condición de partícipes a título lucrativo en la investigación que afecta al Ayuntamiento de Sevilla por beneficiarse de la trama corrupta.