Llega la 'carta de despido' definitiva para Queipo de Llano de la Macarena

El Hermano Mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, ha tenido que esperar menos de una semana para recibir la repuesta del Gobierno central sobre "lo que tiene que hacer" para llevar a cabo la exhumación de los restos del general Gonzalo Queipo de Llano de la basílica sevillana.

El representante de la hermandad se ponía a disposición del Ejecutivo para recibir las indicaciones sobre los pasos a seguir para sacar al general golpista de la iglesia, tras la aprobación de la reforma de la Ley de Memoria Democrática, argumentando que no debían tomar ninguna decisión propia al estar sus hermanos "divididos" sobre el asunto y urgía al central a "arbitrar el decreto".

Tumba de Queipo de Llano en la basílica de la Macarena (Sevilla).

Pues este lunes ha recibido esa respuesta para retirar y trasladar los restos del militar, cuya sepultura se encuentra en un lugar destacado del templo, concretamente reposan bajo el camarín de la Virgen de la Basílica de la Esperanza Macarena desde 1951, y la nueva legislación censura que figuras como la de Queipo estén en lugares preminentes, aunque sea en espacios privados, dado el papel del citado militar en los fusilamientos perpetrados en la ciudad tras el golpe de Estado de 1936.

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, ha enviado a primera hora de este lunes una carta al Hermano Mayor para que facilite "al máximo" y "a la mayor brevedad posible" la realización de los trámites necesarios para dar cumplimiento con la Ley mediante la exhumación y posterior traslado de los restos de Queipo de Llano y Sierra y también de Francisco Bohórquez Vecina, auditor de guerra, que firmaba cada una de las sentencias de muerte y cuyos restos se encuentran también en el templo.

Según recoge la carta, "esta nueva norma pretende cerrar una deuda de la democracia española con su pasado y fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y la condena de toda forma de totalitarismo político que ponga en riesgo el efectivo disfrute de los derechos y libertades inherentes a la dignidad humana".

Por ello, como muestra de respeto hacia las víctimas y sus familiares, y en cumplimiento de lo previsto en la nueva ley, "es obligado poner fin a esta situación" reclama el Gobierno, que ya anunció que el coste de la exhumación y traslado correrá a cargo de la Hermandad.