El Gobierno ofrece "ayuda" para exhumar a Queipo pero no es económica
La secretaría de Memoria ha enviado un protocolo de actuación a la Macarena para que el traslado de los restos del general sea de forma "respetuosa" pero los costes serán para la hermandad.
Imagen de la tumba de Queipo de Llano en la Basílica de la Macarena.
El Gobierno central remitió este lunes una carta a la Hermandad de la Macarena de Sevilla para abreviar los pasos y sacar los restos mortales del general golpista Gonzalo Queipo de Llano lo antes posible de la Basílica donde reposan. Al respecto, se ha pronunciado este martes el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, que ha destacado la "total sintonía" mostrada por la hermandad con el contenido de la misiva que tiene como objeto que cumplir con la reciente reforma de la Ley estatal de Memoria Democrática.
Además, ha asegurado en una entrevista en Canal Sur Televisión que su departamento va a "ayudar" a que la exhumación "se realice de una manera correcta, respetuosa y en la intimidad" tanto de Queipo como del auditor de guerra Francisco Bohórquez Vecina cuyos restos también se encuentra en el templo. Para ello han enviado un protocolo a seguir para llevar la operación con garantías, aunque ha precisado que la Ley recoge que son los titulares de los espacios, en este caso la hermandad, quienes corren con los gastos de las exhumaciones derivadas de la misma.
Martínez ha asegurado que ha mantenido una conversación telefónica con el hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, quien a su vez ha remitido otra carta en la que "la decisión de la cofradía es hacer cumplir la Ley y que ya se había puesto en contacto con los familiares" de Queipo de Llano y Bohórquez.
Y es que el artículo 38.3 de la nueva Ley de Memoria Democrática estipula que "los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, que pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra o la Dictadura".
La nueva ley recoge además que "cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos".
La citada carta estatal fue emitida después de que el hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, manifestase ante la reforma de la Ley estatal de Memoria Democrática que su entidad estaba "esperando que le digan qué tiene que hacer"; considerando que la entidad no debe tomar una "decisión" propia al estar sus hermanos "divididos" sobre el asunto y urgiendo al Gobierno a "arbitrar" un decreto para resolver la situación.
