El PP articula su ofensiva judicial para evitar que Griñán esquive la cárcel
Los populares hacen 'suyas' las palabras de la Fiscalía y se oponen a que se suspenda la pena para el expresidente a la espera de los posibles indultos.
El ex-presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán
"Vamos a ir de la mano de la Fiscalía como hemos hecho siempre en este procedimiento, porque ni Chaves ni Griñán son inocentes, como demuestran dos sentencias que culpabilizan a esas personas que tenían un tinglado montado con los ERE y que trabajaban en contra del empleo en Andalucía". Estas palabras pronunciadas por el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, hace tan solo unos días anunciaban lo que hoy se ha consumado, que los populares no están dispuestos a permitir que el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, esquive la cárcel por el fraude masivo de los ERE.
Por ello, ha elevado un escrito a la Audiencia de Sevilla, oponiéndose a las peticiones de suspensión de pena de los condenados a prisión tanto en lo concerniente a las peticiones de indulto parcial como a los incidentes de nulidad planteados ante la sentencia emitida al respecto por el Tribunal Supremo.
Así, tal y como avanzaron, el PP andaluz hace "suyas" las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción, que ya mostró su negativa a las peticiones de suspensión de las penas de cárcel promovidas por las defensas, que, utilizando como excusa o bien la tramitación de sus solicitudes de indulto parcial o bien los incidentes de nulidad planteados ante el Tribunal Supremo, querían evitar la inminente entrada en prisión.
Ante la relevancia del llamado juicio de "factibilidad", "viabilidad" o "prosperabilidad" del indulto alegada por algunas de las defensas, el PP-A indica en su escrito que ya la Sección Cuarta de la propia Audiencia de Sevilla, "condujo a rechazar la suspensión por tratarse de delitos político criminalmente tan significados".
De hecho, recuerda que "por la experiencia de casos similares, son extremadamente remotas, por no decir nulas, las posibilidades de indulto". Y añade que, el comienzo de la ejecución de la pena, "dada la importante duración total de las penas privativas de libertad impuestas, no haría perder al indulto su utilidad en la eventualidad de que se concediera, aparte de que ya constaba, en el momento de resolver, la denegación del indulto".
El PP argumenta que atendiendo a la duración de las penas impuestas, la finalidad del indulto no sería ilusoria, aunque la pena comenzara a ejecutarse en los términos indicados
Además, el PP-A sostiene que "atendiendo a la duración de las penas impuestas, la finalidad del indulto no sería ilusoria, aunque la pena comenzara a ejecutarse en los términos indicados, ya que el otorgamiento de la medida de gracia se habrá de resolver en el plazo máximo de un año dentro del periodo de ejecución y tendría efectividad real inmediata".
Junto a ello, agrega que "la factibilidad del indulto puede calificarse como prácticamente nula en el caso de los condenados a los que no se refiere el voto particular de la sentencia del Tribunal Supremo, si este dato argumental al que tanta relevancia se da en algunos escritos hubiera de tener influencia en el indulto", extremo que el PP niega "en todo caso".
En concreto, se refiere al voto emitido por dos magistradas, de los cinco miembros que componían el tribunal, que diferenciaban, con relación al delito de malversación, entre quienes formaban parte de la Consejería de Empleo, donde descargan la responsabilidad de la malversación, y quienes intervinieron en el trámite presupuestario pero sin conocer ni participar directamente en el reparto final de los fondos, entre los que se encuentra el propio Griñán.
En cualquier caso, el PP recuerda que "la suspensión por existir en tramitación un expediente de indulto no es imperativa, sino una facultad discrecional que esa sala puede ejercer acomodándose a los principios generales y finalidad legal de la medida".
Así, los populares solicitan a la Audiencia que desestime la solicitud de suspensión de la ejecución de la pena de prisión, tal y como hizo ya la Fiscalía para que Griñán y el resto de los condenados esquiven la cárcel como pretenden hacer con sus numerosos recursos.