Sánchez lanza un "jarro de agua fría" al sector de la construcción andaluz

El continuo bloqueo del Gobierno de Pedro Sánchez a las iniciativas del Ejecutivo andaluz no cesan y el último de ellos afecta directamente a la economía y al empleo en la región. La decisión de recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto-ley que aprobó este año el Gobierno de Juanma Moreno, para revisar de manera excepcional los precios de las obras públicas ante el incremento del coste de los materiales por la crisis, ha sentado muy mal en el sur de España y también en Aragón que se ha visto igualmente afectado por la medida tras la falta de acuerdo en las negociaciones con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Al respecto se ha pronunciado la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, que ha calificado la postura como "una zancadilla más del Ejecutivo", recalcando que se trata de "un chasco y un jarro de agua fría para la economía andaluza y el sector de la construcción". Pero no piensa tirar la toalla y Carazo ha apuntado que va a solicitar la convocatoria de la Comisión Bilateral entre Junta y Estado ante esta decisión que "puede paralizar proyectos muy importantes, no solo del Gobierno andaluz, sino de ayuntamientos y diputaciones".

"Vamos a seguir insistiendo y convenciendo de que ese decreto es absolutamente necesario para no paralizar la obra pública en Andalucía", ha subrayado la titular de Fomento, toda vez que ha pedido al Ejecutivo central que "asuma el articulado del decreto andaluz para poder contemplar la diversidad de contratos que pueden verse afectados en la comunidad". Y es que tanto Andalucía como Aragón incluyeron en estos decretos distintos casos que no se habían contemplado a la hora de aplicar la revisión de precios en la Ley de Contratos del Sector Público estatal.

"El Gobierno de España aprobó un decreto que llegó tarde, sin escuchas a las comunidades, y del que el 95% de las obras licitadas en Andalucía se quedaban fuera", ha detallado Carazo, concluyendo que "lo que hizo la Junta fue legislar por decreto para que esas obras que quedaban excluidas se pudieran contemplar sin afectar a los proyectos, el empleo y las empresas".

También ha estallado por la decisión el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, que ha reclamado al Gobierno "que rectifique esa decisión" ante "este ataque a Andalucia que pone en peligro miles de empleos".