Comienza el macrojuicio a la 'caja B' de la corrupción del PSOE en Estepona

Comienza el juicio de una de las grandes tramas de corrupción política y urbanística en plena Costa del Sol, concretamente en la localidad malagueña de Estepona, que había caído en el olvido para muchos. Se trata del caso 'Astapa', que arranca en la Audiencia de Málaga después de esperar 16 años desde que comenzó la investigación y que sienta en el banquillo a 50 personas, entre ellos el exalcalde socialista Antonio Barrientos.

La vista oral comienza este lunes con las cuestiones previas para afrontar un largo y complejo juicio por la cantidad de acusados y testigos (284) así como las muchas ilegalidades supuestamente cometidas en el Consistorio, que usaban, en resumen, para obtener una "caja B" con las comisiones que cobraban a promotores para fines electorales y que tiene como protagonistas a los dos partidos que estaban en el gobierno municipal: el PSOE y el Partido de Estepona (PES).

Inicio del juicio del caso 'Astapa' en Málaga.

El juicio se divide en diez bloques que abordarán los distintos los asuntos investigados, como son los distintos tipos de convenios; las actuaciones en materia de disciplina urbanística; los depósitos bancarios en Suiza y Andorra; los contratos y concesiones administrativas del Ayuntamiento; y los supuestos pagos y contraprestaciones por concesión de licencias.

Asimismo, también se trata en esos bloques los presuntos cobros de comisiones vinculadas a pagos de deudas; la supuesta financiación irregular de partidos políticos; los incrementos patrimoniales de algunos acusados y, por último, las actuaciones que presuntamente fueron irregulares de técnicos municipales.

La Fiscalía pide 10 años para Barrientos

Las primeras detenciones se produjeron en junio de 2008, aunque la investigación comenzó antes a raíz de una denuncia presentada por dos ediles del PSOE, es decir, de la propia formación que gobernaba en Estepona en coalición con PES. En esta causa, que llegó a tener más de 100 personas imputadas, se han investigado fundamentalmente delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación.

Para Barrientos, que estuvo seis meses en prisión provisional, la Fiscalía Anticorrupción pide inicialmente una pena de diez años y nueve meses de prisión, inhabilitación para empleo público por un periodo de 38 años y multa, acusado por los supuestos delitos de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.

Además, están acusados otros cinco exresponsables municipales entonces miembros del PSOE y del Partido de Estepona; así como empresarios y funcionarios. También figuran empresas como responsables civiles subsidiarias y otras personas como supuestas responsables civiles a título lucrativo.

La "caja B" para financiar sus partidos

La Fiscalía Anticorrupción acusa por supuestamente tener "una 'Caja B' con aportaciones de promotores con intereses inmobiliarios", a través de donaciones o patrocinios de actividades; y por supuestas irregularidades en los convenios urbanísticos para "beneficiar a ciertos empresarios". Estima inicialmente en 28 millones de euros el perjuicio causado al Ayuntamiento a raíz del caso.

Según el escrito inicial de la acusación, al que tuvo acceso Europa Press, los acusados que eran políticos, a través de sus puestos de responsabilidad, supuestamente realizaron acciones "orientadas a obtener fondos de promotores y empresarios" para "financiar actividades públicas y privadas de los partidos políticos en coalición" y también presuntamente para beneficio propio.

Barrientos en la sala de la Adiencia de Málaga.

El fiscal apunta a que cuando en junio de 2003 tomaron posesión de sus cargos "tuvieron que hacer frente a la desastrosa situación económica" en el municipio, pero "en vez de programar políticas de austeridad optaron por mantener e incluso aumentar un gasto público inasumible con los recursos presupuestarios".

"Para eludir cualquier mecanismo de control interno o externo optaron por financiar buena parte de ese gasto con la creación de una 'Caja B', procedimiento ya empleado en otros municipios de la Costa del Sol, que básicamente se nutriría de aportaciones de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios", dice la Fiscalía en su escrito provisional.

Ese pago era presuntamente "impuesto por vías de presión o mediante prácticas de desviación de poder auspiciadas por los gobernantes locales", dice el fiscal, apuntando que las contribuciones "se tradujeron en donaciones directas al Ayuntamiento, en patrocinios de actividades deportivas y culturales, y también en asumir como gastos propios de las empresas deudas municipales".

Asimismo, Anticorrupción apunta en su escrito inicial que "se normalizó una práctica irregular que supeditaba cualquier iniciativa relevante en materia urbanística a una previa negociación y acuerdo con la cúpula de uno u otro partido". En la causa se han investigado convenios tanto de planeamiento como de aprovechamiento "y se han detectado medidas "tendentes a beneficiar a ciertos empresarios a costa del interés público".

El exsocialista defiende que es inocente

El exsocialista Barrientos siempre ha defendido su inocencia y su actuación en todo momento "dentro de la legalidad"; además de asegurar que "nunca se ha enriquecido ni obtenido beneficio alguno, ya sea directo o indirecto", fuera de las retribuciones propias de su cargo como regidor. Además, incide en que los informes existentes están "plagados de errores" y planteará nulidades al inicio del juicio.

Barrientos ha sostenido siempre que desarrolló sus funciones como alcalde "siguiendo las opiniones emitidas por los funcionarios habilitados de carácter nacional del Consistorio y por los técnicos y los juristas municipales en sus informes, tanto en los preceptivos como en los que les eran solicitados".

Así, en el escrito de defensa,señala que "nunca existió una caja B", al menos en los periodos en los que Barrientos fue alcalde y que en la tramitación de los convenios urbanísticos "incluso se adoptaron medidas adicionales de transparencia y control a las exigidas legalmente".

La sombra de Villarejo en Astapa

El exalcalde niega ese sistema corrupto, pero sí señala que llevó a cabo gestiones para conseguir que empresas vinculadas a Estepona "sufragaran actividades o entidades de carácter cultural, social o benéfico (la gran mayoría); todas sin ánimo de lucro y cuyos destinatarios eran entidades y asociaciones"; una actuación que la defensa entiende "lejos de ser delictiva" en beneficio del Ayuntamiento.

Añade que el entonces regidor presentó hasta siete denuncias ante la Fiscalía de Málaga cuando tuvo sospechas de actuaciones que pudieran ser irregulares; y todos los convenios fueron remitidos a la Cámara de Cuentas de la Junta de Andalucía para su fiscalización.

Asimismo, se incide en que "ninguna de las actuaciones" de Barrientos durante su gestión "le ha supuesto algún tipo de enriquecimiento personal", aseverando que la evolución de su patrimonio "se corresponde con los ingresos percibidos por el ejercicio de sus funciones y con las ayudas económicas recibidas de su madre".

Para la defensa del regidor, "el inicio de este procedimiento estuvo manipulado y se trató de un claro 'montaje' para controlar el urbanismo de la ciudad de Estepona al servicio de intereses económicos espurios de terceros". Así, ha pedido en varias ocasiones a la Audiencia que se practiquen pruebas relacionadas con el excomisario José Manuel Villarejo, por "su supuesto interés personal en esta investigación". Todo ello a raíz de las informaciones publicadas sobre la supuesta participación de Villarejo en la elaboración de informes que podrían resultar "falsos" en varias operaciones, entre ellas 'Astapa'.