Varapalo económico para la exdirectora socialista de la Alhambra

La exdirectora de la Alhambra, la socialista María del Mar Villafranca, recibe las peores noticias posibles mientras se encuentra inmersa en el juicio que investiga las irregularidades en la gestión del monumento más visitado del país. Hasta el 25 de enero, la Audiencia de Granada sienta en el banquillo a la que fue máxima responsable del Patronato de la Alhambra y el Generalife durante once años (2004-2015), por el caso de la adjudicación del y por el que la Fiscalía le pide cinco años de prisión.

Pero, entre sesión y sesión del juicio, ha recibido una condena que revela las negligencias que se cometieron en este organismo dependiente de la Junta de Andalucía, durante los gobiernos del PSOE. El Tribunal de Cuentas ha condenado Villafranca al pago de 404.265 euros por menoscabo en los fondos públicos del patronato que gestiona el recinto nazarí por irregularidades en la gestión del contrato de explotación del servicio de audioguías antes señalado, que se está resolviendo por la vía penal, y de otro vinculado a las tiendas de este monumento.

El Tribunal de Cuentas considera en su sentencia, contra la que cabe recurso, que la exdirectora del monumento nazarí es "responsable contable directa" del menoscabo de fondos públicos que sufrió el Patronato en este periodo a cuenta de estos dos contratos, condenándola a pagarlo, y absuelve a la persona que le sucedió en el cargo desde julio de 2015 hasta marzo de 2019, Reynaldo Fernández Manzano. Además considera que la exdirectora "incurrió, cuanto menos, en grave negligencia en la gestión concreta" de estos fondos.

María del Mar Villafranca, además de estar al frente de la gestión del monumento con los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, fue secretaria de Educación y Cultura de la Ejecutiva Federal del PSOE durante la etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario general.

Prorrogó contratos a pesar de que llevaban años sin pagar

Respecto al contrato de explotación del servicio de audioguías, se expone que la empresa adjudicataria se comprometió a abonar al Patronato de la Alhambra una serie de cantidades al año en concepto de canon fijo y variable, así como a presentar documentación relativa al número de alquileres de audioguías y a la recaudación.

Las cantidades correspondientes al canon fijo y variable que la empresa adjudicataria debía al Patronato en los primeros cuatro años de vigencia del contrato, de 2007 a 2010, ascendieron a 831.745 euros, pero durante este tiempo la mercantil "no abonó cantidad alguna".

Incide el Tribunal de Cuentas en que "a pesar de que la adjudicataria no cumplía de forma manifiesta y sistemática durante los primeros años de vigencia del contrato sus obligaciones contractuales (no reportaba información relativa al número de alquileres, ni el detalle de facturación ni pagó lo que debía al Patronato de la Alhambra), Villafranca no actuó para evitar una posible situación dañosa para el monumento pese a la posibilidad, por ejemplo, de rescindir el contrato. "Es más, autorizó, de forma injustificada, la minoración de la cantidad que la adjudicataria adeudaba a la entidad y posteriormente acordó la prórroga del contrato", añade la sentencia, que adelanta el diario 'Ideal'.

Por este asunto, Villafranca deberá abonar 129.018 euros derivado de un exceso de reconocimiento de deuda por otros servicios que benefició a la empresa adjudicataria de las audioguías en detrimento de los intereses del Patronato de la Alhambra. Durante el juicio que se está siguiendo en la Audiencia de Granada, Villafranca ha declarado que la empresa acabó pagando todo lo que debía y que durante todo el proceso se ajustó a la ley y a las decisiones que adoptó el Pleno del Patronato de la Alhambra.

Respecto al contrato para la gestión del servicio público por concesión de las tiendas de la Alhambra, el menoscabo se ha cifrado en 275.247 euros por una serie de deducciones al canon variable fijado en el contrato que fueron "autorizadas indebidamente" a juicio del Tribunal de Cuentas, en la línea de lo sostenido por la Junta de Andalucía y la Fiscalía.