Las protestas de los regantes hacen retumbar el despacho de Sánchez en Moncloa

Los regantes del Levante español: andaluces, valencianos y murcianos, afectados por el recorte del trasvase Tajo-Segura protagonizan este martes una concentración junto al Palacio de la Moncloa en Madrid, para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que de marcha atrás, cuando se agotan las posibilidades para estos agricultores.

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) ha convocado la movilización el mismo día en el que se reúne el Consejo de Ministros para presionar a la titular de la cartera, Teresa Ribera, ya que está prevista la aprobación del Real Decreto que revisa la planificación de 12 cuencas hidrológicas para el periodo 2023-2027.

"Aún no hemos perdido esta batalla y desde el Scrats debemos seguir luchando para que nuestras voces lleguen hasta los despachos y se escuchen en la toma de decisiones", ha indicado el Sindicato, que ha destacado que el dictamen emitido el pasado jueves por el Consejo de Estado incide en la falta de coordinación entre los planes de cuenca del Tajo y del Segura y cuestiona la metodología de cálculo de los caudales hidrológicos.

Los regantes han insistido en que el Consejo de Ministros "tiene la última palabra, y su responsabilidad afecta a millones de españoles cuyo futuro se desvanece y depende de aportaciones cuya reducción carece de justificación técnica y jurídica".

El sindicato asegura que la medida carece de aval técnico

Ha indicado que el citado dictamen, que se apoya en las sentencias del Tribunal Supremo que declaran que la planificación debe respetar la existencia y regulación jurídica del trasvase Tajo-Segura, cuestiona además la metodología de cálculo de los caudales ecológicos, al tiempo que ha expresado su "temor" de que el Ministerio para Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) interprete el dictamen "como un aval para seguir adelante con los planes previstos".

"Hace unas semanas gritábamos frente a las puertas del Miteco y a una sola voz 'Sin trasvase, desierto y paro' y, ahora, su protesta llega a los últimos responsables.

Y es que, el Consejo de Estado afirma que el Gobierno de España puede aprobar el Real Decreto "sin perjuicio de la conveniencia de considerar las observaciones formuladas en este dictamen", por lo que la decisión final "está ahora en la mesa del Consejo de Ministros, que será el que refrende pasar de 6 metros cúbicos por segundo de caudal ecológico a los 8,65 metros cúbicos que defendía la ministra Ribera".

Cuestiones, ha apostillado el Sindicato Central, que "carecen de aval técnico, dado que todos los informes independientes avalan el caudal actual".

En juego la pérdida de 15.000 empleos

Desde el SCRATS han recordado que llevan denunciando desde hace meses que la disminución de los aportes a las provincias de Alicante, Murcia y Almería será de 105 hectómetros cúbicos, lo que supondría 78 menos para regadío que la media actual y 27 menos para abastecimiento.

Además, esta reducción de los volúmenes disponibles supondría "la pérdida de 27.314 hectáreas de superficie regable en todo el Levante español, la desaparición de más de 15.000 empleos, y reducciones de valor patrimonial estimadas en 5.692 millones de euros".

"Luchar para defender un bien necesario es un movimiento natural, unirnos en defensa de aquello que nos corresponde es un derecho y defender la economía que sostiene a regiones fundamentales para el PIB nacional es un deber que tenemos que seguir ejerciendo, con el fin de obtener una respuesta coherente con la realidad que estamos viviendo", ha agregado.

Para Scrats, si bien desde el Miteco "nos han sentenciado, sin dejarnos mediar palabra y han obligado a nuestras voces a gritar desde el otro lado de la valla".