El PSOE logra censurar las trágicas cifras de la Ley del sí es sí en Andalucía
Segunda vez que los socialistas impiden que se debata en el Parlamento la Ley y sus efectos, con 139 rebajas de condenas y al menos 26 agresores sexuales excarcelados en la comunidad.
El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, junto a la portavoz del grupo parlamentario, Ángeles Férriz.
Los socialistas andaluces han optado por sacar la mordaza para evitar que, aquellos temas que puedan desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez o a sus socios de Podemos, lleguen a abordarse en el Parlamento andaluz. En el último pleno del mes de febrero consiguieron frenar el debate sobre los efectos de la a propuesta del PP-A y este jueves repiten su jugada de cara a la sesión de marzo, justo cuando los órganos judiciales han informado que Andalucía acumula 139 rebajas de condena y, fruto de ellas, al menos 26 excarcelaciones.
Ha sido la portavoz del PSOE-A, Ángeles Férriz, la que ha invocado otra vez el artículo 171 del reglamento, que hasta ahora estaba en desuso pero que están dispuestos a sacarle máximo rendimiento desde las filas socialista, para impedir que se incluya en el orden del día la misma proposición no de Ley del PP-A sobre la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual. La inicativa esta vez incluye otras reivindicaciones de cara al 8M, pero vuelve a reclamar un posicionamiento favorable de la institución sobre la reforma urgente de la Ley del solo sí es sí y la depuración de responsabilidades por sus efectos "indeseables".
El PSOE-A prefiere imponer el veto a la información sobre las consecuencias de la Ley, a pesar de que afecta directamente a mujeres andaluzas. Un daño irreparable que los socialistas silencian y para ello cuenta con la complicidad de los dos grupos que se sitúan a su izquierda parlamentaria: Adelante Andalucía y Por Andalucía. Un apoyo que era de esperar, ya que repiten también posicionamiento, más aún teniendo en cuenta que la Ley del sólo sí es sí ha sido impulsada por la ministra de Podemos Irene Montero.
El PP sólo ha contado con el apoyo de Vox, pero es insuficiente para salvar las imposiciones del reglamento que, a través de este artículo, limita el debate de aquellas proposiciones cuya competencia sea exclusiva del Estado. Para que pueda ser incluida necesita una mayoría cualificada de dos terceras partes de la Cámara (73 diputados) o tres grupos parlamentarios.