La puntualización de la Junta que pone fin a la alerta de privatizar la sanidad
Se ha rectificado la orden sobre los convenios sanitarios publicada en el BOJA, añadiendo que sólo se recurrirá a la privada ante una mayor demanda o en situaciones de emergencias.
Imagen de una operación en el hospital de Málaga.
La Junta de Andalucía ha desactivado la polémica suscitada por la orden aprobada en la que se tarifican los conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con entidades, tanto públicas como privadas, para la prestación de la asistencia sanitaria.
Cabe recordar que esta orden que ha sido utilizada para generar una alerta entre la ciudadanía por parte de la oposición al Gobierno de Juanma Moreno, sin embargo no es de nueva creación sino que fue implantada en 1998 por el PSOE cuando estaba al frente de la Junta y lo que se ha hecho es actualizar los precios que estaban expresados en pesetas.
Aún así, el Ejecutivo ha querido dejar claro el objetivo de este texto y ha publicado una corrección de errores en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en la que precisa que la administración sólo recurrirá a la colaboración privada "en periodos coyunturales de mayor demanda o en situaciones de emergencias sanitarias".
Así figura en un BOJA extraordinario publicado apenas seis días después de la entrada en vigor de la citada orden de tarificación que incluye un anexo con las tarifas máximas que se fijan para los servicios sanitarios objeto de concierto y convenio y que los partidos y sindicatos calificaron como la puerta abierta a la privatización de la atención primaria.
La corrección de errores que ahora introduce la Consejería de Salud, que dirige Catalina García, introduce una modificación en el preámbulo de la orden para subrayar que el sistema de presupuestación y tarifación de convenios o conciertos para la prestación de asistencia sanitaria en centros sanitarios concertados por el SAS persigue "garantizar el aseguramiento público y gratuito para el usuario de la prestación asistencial".
En este sentido, la corrección de errores precisa ahora que la administración acudirá "a la colaboración privada sólo en aquellas situaciones en que la cobertura prestacional relacionada con las garantías establecidas en materia de accesibilidad sea insuficiente en periodos coyunturales de mayor demanda o en situaciones de emergencias sanitarias, salvaguardando en todo caso la naturaleza pública de la cobertura, tanto en atención primaria como en hospitalaria".
Un puntualización que se hacía necesaria para aclarar las dudas originadas sobre la privatización de la sanidad, a pesar de que el Gobienro andaluz lo negó rotundamente.