La Junta da un paso adelante en el TC pero la 'invasión fiscal' sigue
El Consititucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno andaluz contra el impuesto a las grandes fortunas de Sánchez, pero no aplicará las medidas cautelares para suspenderlo.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), con la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, en el pleno del Parlamento.
El Gobierno andaluz ha logrado superar el primer trámite en el Tribunal Constitucional (TC) a pesar de sus negativas espectativas. El ánimo dentro del Ejecutivo de Juanma Moreno estaba bajo tras conocer que el encargado tramitar su recurso de inconstitucionalidad al impuesto de grandes fortunas iba a ser el magistrado y exministro de Pedro Sánchez,
Sin embargo, este martes, el Constitucional ha acordado admitir a trámite el recurso que presentó la Junta de Andalucía contra uno de los artículos de esta 'ley sobre el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas' y que considera que invade sus competencias en materia fiscal recogidas en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Y es que cabe recordar que este gravamen apareció como 'castigo' al gobierno del PP de Moreno por eliminar el Impuerto de Patrimonio.
Si bien el Tribunal admite el recurso, los magistrados del Pleno han denegado suspender el texto de forma cautelar de la norma impugnada "en aplicación de su doctrina". Es decir, nada cambia y de momento se imponen las medidas del Gobierno central de Sánchez.
Al respecto, en rueda de prensa, la consejera de Hacienda, Carolina España, que ha lamentado que no se apliquen las medidas cautelares propuestas, considerándolo "un varapalo" y un continuo "ataque" a la autonomía financiera de la región y con ello una invasión de competencias del Estado.
El portavoz de la Junta, junto a la consejera de Hacienda, Carolina España, y la consejera de Salud.
La Junta apuntaba en su recurso, elaborado por los servicios jurídicos, a la vulneración de siete artículos de la Constitución, cuatro del Estatuto de Autonomía de Andalucía y cinco de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Aunque en el informe que adjuntó el Gabinete de la administración alertaba de la posible reticencia del TC a aplicar las medidas caautelares, debido a la falta de informe económico y de afectación territorial del impuesto recurrido.