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Los regantes de Doñana sólo piden justicia, ni amnistía ni tocar el acuífero

Los agricultores se concentran para reclamar que prospere la solución propuesta por el PP y Vox para que sean reconocidos, después de una década de lucha y cientos de afectados.

Una de las protestas de los agricultores del Condado de Huelva, que lleva casi una década manifestándose.

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Los agricultores del Condado de Huelva pasan a la acción y este miércoles se movilizan ante la situación de desamparo que sufren y con el objetivo de que se apruebe la posible solución que ha propuesto el Partido Popular con el apoyo de Vox en el Parlamento andaluz. La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado se concentran en Rociana del Condado para mostrar su "apoyo" a la Proposición de Ley (PDL) del Plan de regadíos de la Corona Norte de Doñana, sobre la regulación de las zonas de regadío de cinco municipios: Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, todos ellos integrantes del denominado Condado de Huelva.

Según la plataforma, esta PDL "busca hacer justicia y reparar el daño causado a sus familias" y esperan conseguir el apoyo del resto de grupos", según ha explicaba el portavoz de la plataforma, Julio Díaz. Una protesta a la que está prevista que se sumen los agricultores del sector de los frutos rojos, entre ellos la Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza, Interfresa; los proveedores y los representantes de los negocios de estos cinco pueblos afectados.

En ella, los agricultores van a solicitar públicamente "justicia para el Condado" y aseguran que "se sienten ilusionados con un texto que ha sido consensuado" con ellos, y al que "arropa todo el sector de frutos rojos", del que reciben "apoyo expreso", así como "la sociedad civil". Asimismo, señalan que la PDL "es una herramienta para resarcir, solucionar y revertir el daño causado cientos de familias de agricultores" con un texto en el que "no se toca el espacio natural, ni es ampliación de regadíos; no se toca el acuífero, ni significa amnistía".

Además, aseguran que "se sustituirá, como se está haciendo en otras zonas, el agua subterránea por superficial, que llegará cuando sea posible, cuando se desarrolle por parte del Gobierno la ley del trasvase aprobada en 2018, declarada de Interés General, y estén los recursos, pero no antes".

No son nuevos suelos agrícolas

Es la segunda propuesta que impulsan PP y Vox y pretende que terrenos que eran de regadío antes del Plan de Ordenación de 2014, sean considerados como tales dentro de zonas de una menor protección ambiental. La precisión que ahora hacen con respecto a la impulsada en enero de 2022 es apuntar que "estos terrenos podrán obtener derechos de aguas, que procederán de aguas superficiales, salvo que la administración hidráulica de la Demarcación Hidrográfica donde se encuentren estos terrenos establezca un origen de recursos diferente".

En la exposición de motivos del texto se apunta que "en un ejercicio de honestidad, es sano recordar que no se trata de nuevos suelos agrícolas en modo alguno, son suelos agrícolas que lo eran antes de la entrada en vigor del Plan Especial, no se aumenta en modo alguno la superficie real y se busca dar una solución de legalidad y justicia material a ciudadanos y empresas".

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