El futuro de Doñana y de los agricultores de Huelva sólo depende de Sánchez

El Gobierno de Juanma Moreno se ha puesto en el disparadero del Gobierno de Pedro Sánchez y ha encontrado un tema sensible como es el Parque Nacional de Doñana para atacar. Es el momento electoral perfecto para los socialistas, que perdieron el control de la Junta de Andalucía y quieren recuperar su feudo, aunque sea a costa de acabar con la forma de vida de los habitantes de cinco pueblos de Huelva que se dedican fundamentalmente a la agricultura.

Porque cabe aclarar que aquí el problema no es de la Junta, sino que las competencias son del Estado, que está al frente de la demarcación que gestiona el agua en el Condado de Huelva: la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Un organismo que ha abandonado durante décadas y no ha sido capaz de poner solución al problema de las familias que se dedican a la producción de frutos rojos en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, a más de 30 kilómetros del Parque Nacional y fuera también del pre-Parque.

A estos agricultores los dejaron fuera del Plan de la Corona Forestal, conocido como Plan Fresa, aprobado por el PSOE en 2014 y desde entonces llevan reclamando sus derechos históricos como regantes. Ha sido con la entrada del Gobierno del PP en la Junta cuando se ha escuchado la situación de desamparo que sufren y, con el respaldo de Vox y de los Ayuntamientos socialistas del Condado de Huelva, cuando se ha encontrado una solución que pasa por la proposición de ley que este miércoles llegó al Parlamento Andaluz.

En ella, se modifica el uso del suelo forestal de unas 1.400 hectáreas pasando a ser zona regable y se especifica que se abastecerán únicamente de aguas superficiales y nunca del acuífero del que se nutre Doñana. Y aquí está el verdadero punto de inflexión, puesto que es necesaria la ejecución de obras hídricas como la presa de Rules o el trasvase del Odiel-Tinto-Piedras mediante el túnel de San Silvestre, que resolverían el conflicto en la provincia de Huelva. Unas obras pendientes que debe ejecutar el Gobierno de Pedro Sánchez por tener en exclusiva las competencias, pero que no llegan.

Pero no hay acciones al respecto por parte del Gobierno central y tampoco hay ninguna propuesta para dar salida a los agricultores onubenses, han preferido la oposición frontal a los regantes, a los ayuntamientos de su mismo signo político y el castigo a una comunidad afectada por una fuerte sequía, no solo palpable en Huelva sino también en otros puntos como el Levante almeriense donde Sánchez también ha cortado el grifo.

La Junta perpleja ante los "bulos" del PSOE

Al respecto, este jueves se ha pronunciado el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco (PP-A), ha rechazado este jueves los "insultos" y las "amenazas" que, según ha criticado, se están vertiendo desde el Gobierno central contra el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A) y se ha preguntado si la alternativa del Ejecutivo socialista a dicha iniciativa pasa por "despoblar totalmente" la provincia onubense.

Ramón Fernández-Pacheco ha señalado que en el Gobierno andaluz están asistiendo "perplejos" a la "retahíla de bulos y mentiras" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "y todos sus altavoces, sus ministros y el PSOE andaluz" están vertiendo sobre esta proposición de ley "que en absoluto ataca a Doñana".

En esa línea, el consejero de Medio Ambiente ha remarcado que esta iniciativa "trata sobre unos territorios que se encuentran fuera del parque natural" de Doñana y "del pre-parque", a una distancia de "entre 30 y 40 kilómetros", y "no sólo no amnistía a ninguno de los infractores que actualmente tienen procesos abiertos, sino que además es rotunda a la hora de aseverar que esos procesos van a terminar con las responsabilidades que en su caso se deriven".

Fernández-Pacheco ha insistido en que es una proposición de ley que "siempre habla de aguas superficiales", y viene a poner "el foco en un gobierno (el de España) que no ha hecho sus deberes, que en 2018 aprobó una ley que contemplaba una serie de inversiones hidráulicas en Huelva que no se han construido".

"Esta proposición de ley dice algo muy sencillo: si esas obras se hacen, si el trasvase, de la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras a la del Guadalquivir, está construido y existen cuencas excedentarias, entonces esos agricultores podrán optar a una concesión de agua", pero "si no se cumplen esos dos requisitos, el de las infraestructuras y la existencia de cuencas excedentarias, sencillamente agua no habrá", ha resumido el consejero de Medio Ambiente, que al respecto ha subrayado que la Junta es consciente de que se están dando en España actualmente la sequía "más severa de los últimos tiempos", y que el Gobierno de Moreno tiene "conciencia ecológica".