Los 'trapicheos' entre el PSOE y CCOO con los ERE regresan a los juzgados
La Fiscalía pide pena de prisión para los tres acusados por desviar una ayuda de 50.000 euros de forma irregular a una empresa hotelera de Cádiz, entre ellos un sindicalista de Comisiones.
El exviceconsjero de Empleo socialista de la Junta, Agustín Barberá, condenado por los ERE y actualmente en prisión.
No es la primera vez que un sindicato andaluz se ve implicado en la trama de corrupción de los ERE fraudulentos que se cometieron en la Junta de Andalucía durante los gobiernos socialistas. El último caso que avanza en los juzgados es el que investiga una ayuda de 50.000 euros concedida a una empresa hotelera de Cádiz, por el que la Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel respecto a cada una de las tres personas acusadas de un presunto delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación. Entre ellos un dirigente sindical de Comisiones Obreras.
En su escrito de acusación, la Fiscalía explica que los dos gestores de la empresa gaditana Gestión Hotelera Comar, "sabedores de que la Junta de Andalucía a través de la Dirección General de Trabajo y al margen de los procedimientos legalmente establecidos podía otorgarles fondos públicos para obtener liquidez inmediata, consiguieron que el director general beneficiara a su empresa con una ayuda de 50.000 euros".
A pesar de la implicación de los que fueron máximos dirigentes de la Junta, el procedimiento no se dirige contra el exdirector general de Trabajo de la Junta Juan Márquez; el exviceconsjero de Empleo Agustín Barberá y el exconsejero del ramo Antonio Fernández, porque todos ellos ya fueron juzgados por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla en la causa correspondiente al "procedimiento específico" de financiación autonómica de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas y están en la cárcel por ello.
"Para la obtención de esta ayuda, se pusieron los acusados en contacto con el tercer acusado, secretario general de la Unión Local del sindicato CCOO de Jerez de la Frontera, quién prevaliéndose de ello y de su relación con el entonces consejero de Empleo (Antonio Fernández), propició a sabiendas de la falta de cumplimiento de la legalidad la posterior concesión de la mencionada ayuda por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social", señala la Fiscalía en su escrito de acusación.
Los fondos públicos dilapidados sin control
La trama que se investiga tiene su origen en enero de 2009, según el escrito, cuando la Administración andaluza materializó el pago de dichos 50.000 euros, "sobre la base del expositivo del convenio firmado el 30 de diciembre de 2008, realizándose el abono por orden del director de Administración y Finanzas de la agencia IDEA", perteneciente a la Junta de Andalucía.
"Estas ayudas constituyen verdaderas subvenciones a la empresa, no constando en el expediente la existencia de ningún análisis económico realizado por la Junta de Andalucía que ponga de manifiesto si estas ayudas, en sí mismas, eran procedentes en atención a las circunstancias del beneficiario, especialmente en cuanto a la ausencia de capacidad económica para hacer frente a las obligaciones asumidas por la Junta", detalla el escrito de acusación de la Fiscalía.
El juicio correspondiente a esta pieza de la macrocausa de los ERE se celebrará en enero de 2024, después de que la Sección Tercera de la Audiencia suspendiese este pasado jueves el comienzo de las sesiones, por la incidencia de la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia.
