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La última maniobra de los condenados de los ERE al 'ritmo electoral'

El recurso de amparo presentado por doce condenados, entre ellos los expresidentes de la Junta de Andalucía Chaves y Griñán, ante el Tribunal Constitucional será admitido este lunes.

Los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, durante el juicio de los ERE.

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El desensenlace definitivo de la causa princial de los ERE en Andalucía se está haciendo esperar. Los doce condenados no están conformes con la sentencia que emitió la Audiencia Provincial de Sevilla y ratificó el Supremo y sus defensas agotan todos los recursos a su alcance. Además, los procesos electorales que se han desarrollado en el útimo año (autonómicas en 2022, municipales este 28 de mayo y ahora generales) también ralentizan las decisiones de los juzgados.

Por ello, entre cita y cita con las urnas, este lunes, se celebra un nuevo Pleno del Tribunal Constitucional que tiene previsto admitir a trámite los doce recursos de amparo presentados por los exdirigentes socialistas condenados, entre ellos los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

En un principio, el asunto se incluyó en el Pleno del 22 de mayo, pero finalmente se decidió no abordarlo hasta después de las elecciones municipales y autonómicas del día 28 para no interferir en el proceso. Pero, tras el anuncio efectuado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales al 23 de julio, algunos magistrados pusieron de relieve la necesidad de postergar nuevamente esta deliberación, pero, después de consultar con varios magistrados, se ha optado por mantenerlo.

Cabe recordar que la admisión a trámite no implica manifestarse sobre el fondo del asunto, que aborda la suspensión de la condena, en este caso, por ejemplo la de seis años de prisión para Griñán. A principios de año, la Audiencia de Sevilla suspendió el ingreso en prisión del ex presidente andaluz para que pudiera completar su tratamiento de radioterapia. El último informe de Medicina Legal señala que el tratamiento oncológico resulta "poco compatible con la vida en prisión" porque requiere "vigilancia estrecha".

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