Tercer grado para el exconsejero en prisión desde hace cinco meses por los ERE
El que fue secretario general del PSOE de Sevilla y exconsejero de empleo, fue condenado a siete años de prisión por malversación, pero logra beneficios penitenciarios por motivos de salud.
El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, José Antonio Viera, condenado por los ERE.
El exconsejero socialista de Empleo de la Junta de Andalucía, José Antonio Viera, entró en prisión el pasado 2 de enero entraba para cumplir la pena de cárcel impuesta por la Audiencia de Sevilla, por un delito de malversación derivado del mecanismo o "procedimiento específico" de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos; goza ya del tercer grado penitenciario por motivos sanitarios.
Viera, que ocupó el cargo de secretario general del PSOE de Sevilla, fue condenado a siete años y un día de prisión por la Audiencia, pero, poco más de cinco meses después de entrar en la cárcel, ha accedido al tercer grado penitenciario y está sujeto al centro de inserción social (CIS) de Huelva, tras haber solicitado tal extremo esgrimiendo motivos de salud.
Los motivos de salud también 'libran' a Griñán
La dicisión sobre el exconsejero socialista se produce en un contexto en el que recientemente, también la Audiencia solicitaba al Instituto de Medicina Legal (IML) que emita un nuevo informe para determinar si es posible que el expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán continúe en prisión el tratamiento médico que sigue por el cáncer de próstata que padece o siga en libertad. Además se reclama al IML que especifique si la situación de Griñán, condenado a seis años de cárcel; es susceptible de estudio de aplicación del "tercer grado (penitenciario) por razones humanitarias".
Así se pronunciaba la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, después de que la Fiscalía Anticorrupción evaluase el último informe del IML que indica que el tratamiento del cáncer que padece Griñán necesita "vigilancia estrecha" y reitera que resulta "poco compatible con la vida en prisión"; solicitando el Ministerio Público "que la médico forense concrete en sus conclusiones finales si el tratamiento que en la actualidad recibe el condenado es compatible o no con su ingreso en prisión".
