La Junta abre otra batalla contra la "invasión" de Sánchez en los tribunales
El Gobierno andaluz anuncia una nueva iniciativa legal contra el Ejecutivo socialista y acude al Tribunal Constitucional para defenderse de otra injerencia en sus competencias autonómicas.
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El portavoz del gobierno de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, acompañado por la consejera de Vivienda, Rocío Díaz, y la consejera de Economía, Carolina España.
A los frentes que tiene abiertos el Gobierno de Juanma Moreno contra el de Pedro Sánchez se suma uno más este martes. El Ejecutivo de la Junta anuncia que va a presentar otro recurso de inconstitucionalidad para defenderse de lo que considera una "invasión de las competencias" autonómicas por parte del Estado y acudirá al Tribunal Constitucional.
El Gobierno andaluz utiliza la misma vía que empleó para oponerse al impuesto a las grandes fortunas que impuso el Ejcutivo de Sánchez ante el mismo tribunal. En este caso no es una injerencia en el ámbito fiscal, sino en materia de vivienda y no dudan en iniciar los trámites para la presentación de un recurso contra la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda tras estimar que de fondo hay "una invasión frontal y directa de competencias exclusivas de la comunidad", reguladas en el artículo 56 del Estatuto de Autonomía, según ha informado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz.
El Gobierno andaluz busca la impugnación constitucional de 18 artículos y cuatro disposiciones adicionales de la normativa estatal, aunque la propia consejera ha precisado que el recurso no implicará reclamar la suspensión cautelar de la Ley 12/2023.
En los trámites para la interposición del recurso ante el Tribunal Constitucional queda pendiente el informe del Consejo Consultivo de Andalucía, antes de que el expediente vuelva al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva.
La Junta cuenta con el aval del gabinete jurídico
Entre los argumentos que el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía ha apuntado para fundamentar el recurso y que la consejera de Fomento ha desgranado figura la idea de que el Gobierno excede con la Ley 12/2023 las atribuciones que recoge la Constitución, de manera que "el Estado no puede legislar, ni siquiera de forma supletoria, en materia de vivienda", tesis para la que invoca los pronunciamientos al respecto del Tribunal Constitucional.
El conjunto de competencias que serán objeto del recurso del Gobierno andaluz son la regulación de la vivienda protegida, la vivienda social, la vivienda protegida de precio limitado, la figura del gran tenedor, la vivienda asequible incentivada y el parque público, por cuanto "ya están reguladas por la legislación autonómica".
El Ejecutivo autonómico se ha quejado de que la Administración del Estado ha emprendido "una regulación tan completa y acabada que no deja espacio alguno de regulación al legislador autonómico"a los que trata como "meros ejecutores de sus políticas".