La Junta actúa ante la orfandad estatal: ayudas para la sequía y proteger Doñana

Semana tras semana, desde que empezó la legislatura y repitiendo la línea de la anterior, se registran inversiones de la Junta de Andalucía en materia hídrica en cada Consejo de Gobierno. El compromiso del Ejecutivo de Juanma Moreno (PP-A) es firme y no piensa dejar que el Gobierno central de Pedro Sánchez lleve a la ruina a la comunidad por no prestar ayuda a la región afectada por una intensa sequía desde hace cinco años.

Desde Moncloa no se escucha la petición de ayuda de la Junta, tampoco el grito de auxilio de miles de agricultores y ganaderos, o de los propios andaluces que empiezan a sufrir las primeras restricciones de agua en sus hogares. La situación es crítica, los embalses están al 25% de su capacidad y el Estado deja huérfana a Andalucía, mientras critica por mero interés electoral, señalando a los regantes de atentar contra Doñana, sin dedicar tampoco inversiones a aliviar la situación del Parque Nacional.

Así que el Gobierno de Moreno ha tenido que salir de nuevo al rescate y destinar una fuerte inversión de más de 67 millones, después de aprobar tres decretos de Sequía por valor de 300 millones de euros. El dinero liberado irá, por un lado, para la depuradora de Sevilla, que tendrá un efecto directo sobre Doñana, y la de Barbate, así como implanta ayudas económicas para el campo andaluz.

Dos depuradoras, una de ella con repercusión sobre Doñana

Desgranando las inversiones que ha aprobado el Gobierno andaluz impulsadas por la la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, que dirige Carmen Crespo, encontramos 13 millones de euros destinados al tratamiento de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Sevilla que tendrá un impacto sobre Doñana, ya que se mejorará la calidad del agua que se vierte al estuario del Guadalquivir y por consiguiente al entorno del espacio natural.

Estuario del Guadalquivir a su paso por Coria del Río, Sevilla.

El estuario del Guadalquivir se extiende desde la presa de Alcalá del Río, en Sevilla, hasta la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda y su riqueza ecológica está amenazada por la presión humana, por lo que echar menos residuos al río aliviará la presión sobre este espacio natural.

La obra se concreta en la zona comprendida entre la EDAR de Tablada y la conexión con emisario puerto, atravesando el puerto de Sevilla y cruzando la dársena del Guadalquivir. Esta optimización de la red de saneamiento de la cuenca oeste de Sevilla va a conducir un caudal de 50.000 m3 por día y beneficiará directamente a una población de 250.000 habitantes y de forma indirecta a toda la población de la capital sevillana.

Con respecto a la provincia de Cádiz, la consejería invertirá 8,1 millones de euros en la ejecución de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en la localidad de Barbate. Esta acción pretende acabar con el déficit de infraestructuras hidráulicas y poner fin a las sentencias de la Unión Europea (UE) por no realizar el adecuado tratamiento de los vertidos.

Además, el proyecto incluye la implantación de un tratamiento secundario de tecnología avanzada y un tratamiento terciario que permite la reutilización del 100% del agua. El diseño de la depuradora contempla atender las necesidades de una población cercana a los 61.000 gaditanos.

Ayudas para agricultores y ganaderos

Por otro lado, se llevan a cabo dos iniciativas dirigidas a auxiliar a los agricultores y ganaderos andaluces, cuya actividad está en riesgo por las pérdidas causadas por los elevados costes de producción y la escasez de lluvias. La primera de ella es el pago de las ayudas agroambientales que, incluidas en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2022, permiten repartir 36 millones de euros al sector agrícola y ganadero, inyectando liquidez en estos momentos de crisis a unas 20.000 personas.

La segunda acción es la convocatoria de ayudas, por valor de 10 millones de euros, destinadas a las personas titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas especialmente afectadas por las condiciones de sequía, acogidas al régimen de mínimis. Estos fondos, enmarcados dentro del tercer Decreto de Sequía, permiten dar liquidez a sectores gravemente perjudicados por el periodo de sequía como el porcino ibérico de cebo, apicultura, castaño y viñedo de vinificación. El importe máximo de ayuda no podrá superar los 20.000 euros por persona beneficiada.