Los socialistas vuelven al banquillo por los ERE tras el parón vacacional
La Audiencia de Sevilla retoma la macrocausa, en esta ocasión, se investiga una ayuda de 2,3 millones euros, con varios de los implicados ya en la cárcel y un sindicalista de UGT señalado.
El exconsejero socialista de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, durante una declaración en la Audiencia.
Desde esta semana y hasta noviembre, la Audiencia de Sevilla reanuda la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con cargo a los fondos públicos de la Junta de Andalucía durante la etapa de gobierno socialista. La corrupción socialista en Andalucía vuelve a los juzgados, con otra de las causas en las que se dilapidó dinero público sin control.
La pieza que llega este lunes a los juzgados corresponde a la investigación de las ayudas por importe de unos 2,3 millones de euros concedidas a las empresas Surcolor y Surcolor Óptica. Para este mes, además, hay señaladas más sesiones los días 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 y 27, toda vez que la vista cuenta con más días programados hasta el 27 de noviembre.
En esta pieza figuran como acusados varios exaltos cargos socialistas de la Junta, como son el exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá; los exdirectores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y el exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, pesando el hecho de que Fernández y Barberá cumplen actualmente pena de cárcel, tras haber sido condenados por malversación en la sentencia previa relativa al mecanismo general de financiación pública de los ERE.
Ninguno se libra, tampoco el sindicalista de UGT
Asimismo, esta pieza afecta al exsindicalista de UGT Juan Lanzas, el presunto 'testaferro' Juan Francisco Algarín, los extrabajadores de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, un abogado, dos 'intrusos' -uno de ellos concuñado de Antonio Rivas-, los responsables de Surcolor Manuel Rafael Castilla Bustamante y Antonio Manuel Bustamante León y un representante sindical.
A pesar del intento de dos de los investigados: Fernández y Barberá, de no ser juzgados en esta y otras causas, ya que cumplen penas de prisión tras la sentencia que condenó a ambos por la pieza principal de los ERE, junto los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, la Audiencia considera que los hechos juzgados no son los mismos, así que continúa el caso y los sienta en el banquillo de los acusados.