Así será la legislatura de Sánchez: el PP frustrará sus planes en los tribunales
El poder territorial de los populares en las comunidades se convertirá en el muro de contención de las políticas del PSOE y la vía será la justicia, como ha sucedido con la ley de vivienda.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a los presidentes autonómicos de su partido y Cuca Gamarra.
Lo que ha ocurrido con la ley de la vivienda aprobada en el Congreso y el Senado por los socialistas y algunos de sus socios, puede ser fiel reflejo de la forma en la que discurrirá la nueva legislatura, si se cumplen todos los pronósticos, y el líder del PSOE Pedro Sánchez se alza con la presidencia del Gobierno. Y es que todo apunta a que será un mandado de bloqueo en los tribunales para frenar los planes que tiene el 'sanchismo'.
Este martes, el Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los recursos que el PP y cuatro comunidades autónomas: Andalucía, Madrid, Islas Baleares y Cataluña, presentaron contra distintos artículos de la ley de vivienda al considerar, entre otras cuestiones, que la norma invade competencias autonómicas.
Fue el pasado 27 de abril cuando el Congreso dio luz verde al proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda con un respaldo de 176 votos que representan la mayoría absoluta del hemiciclo, frente a 167 en contra. El Senado dio su aprobación definitiva el 17 de mayo tras haber recibido más de 300 enmiendas parciales y seis vetos por parte de PP, el PNV, Junts per Catalunya, Cs, Vox y UPN. Es decir, Sánchez se puede encontrar hasta con sus propios socios en contra.
El poder autonómico será determinante
Poco tiempo después de esta aprobación, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía avisó que recurriría 18 artículos de la ley al considerar que, de fondo, hay "una invasión frontal y directa de competencias exclusivas de la comunidad en materia de vivienda", reguladas en el artículo 56 del Estatuto de Autonomía. A los pasos del Ejecutivo de Juanma Moreno les siguió el de Baleares, Cataluña y Madrid añadiendo argumentos como el de inconstitucionalidad o la invasión de autonomía financiera y gasto.
El PP, por su parte, mostró su oposición a la norma y apuntó en rueda de prensa que el texto dificultaría la expulsión de los ocupas e inquilinos que dejasen de pagar el alquiler. El Grupo Parlamentario Popular plantea una posible vulneración del derecho de propiedad, del derecho a la tutela judicial efectiva y de la autonomía local.
Así, la gestión de Sánchez en la próxima legislatura puede estar abocada al fracaso, al bloqueo en los tribunales de sus medidas cada vez que ataquen los derechos de las autonomías, no sólo en vivienda, también en financiación o impuestos. Aquí, el Partido Popular podrá ejercer la máxima presión, ya que gobierna en la mayoría de los territorios después de las últimas elecciones.