Moreno pospone la aprobación de la ley de Doñana y acepta un plan con Ribera

Las relaciones entre el Gobierno y la Junta de Andalucía se deshielan. El presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), ha recibido a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera (PSOE), en el Palacio de San Telmo de la capital hispalense para hablar de Doñana.

Ha tenido que pasar un año para que se produzca este encuentro entre ambos, después de que estallara la polémica por la ley de regadíos de Doñana, cuyo debate estaba previsto el próximo 10 de octubre para su aprobación definitiva. Hasta ahora la comunicación entre Moreno y Ribera se limitaba a reproches lanzados a través de sus declaraciones en medio y redes sociales, pero este martes cambia la sintonía entre los dos líderes y sus correspondientes equipos.

Están dispuestos a trabajar de manera conjunta y prueba de ella ha sido la comparecencia conjunta de Moreno y Ribera, que han anunciado la puesta en marcha de un plan para el que las instituciones se dan el plazo de un mes. Tanto el Ministerio como la Junta ceden en sus posturas y el presidente andaluz ha anunciado que la proposición de ley se aplazará y no se llevará a su debate al próximo pleno. "Lo vamos a posponer para poder tener tiempo de proponer, mejorar y avanzar", ha asegurado Moreno.

Una etapa de diálogo "fructífero"

El presidente de la Junta ha destacado que este diálogo ha sido reclamado de manera insistente por el Gobierno andaluz y ha celebrado que se produzca después de los procesos electorales, que también han tensionado las relaciones. Ahora se disponen a "cooperar" para elaborar un plan, que aún no han definido de manera específica, para resolver el problema de este espacio natural, sin olvidar la situación de las familias de agricultores del Condado de Huelva a los que se quiere buscar una salida.

Por delante cuatro semanas en las que Ribera quiere abrir un proceso para recabar la opinión de todos los sectores implicados, fundamentalmente con representantes del territorio, para establecer a partir de ahí un marco de actuación para el desarrollo de esta comarca económico, ambiental y social. Ese plan estaría dotado con 350 millones de euros por parte del Estado y beneficiará principalmente a los municipios afectados por la ley que ahora se detiene, entre ellos: Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, todos en Huelva.

Al frente de este plan de trabajo estará el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, en el caso de la Junta, y por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, por parte del Gobierno, que van a "tener que tirar de capacidad, de audacia, de complicidad y de generosidad para intentar buscar soluciones a algunos problemas que a veces son tan enconados y otros que son complejos de solucionar", ha señalado el líder andaluz.