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Los condenados del caso ERE se pueden librar en el Constitucional sin indultos

Los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como el resto de condenados por la corrupción pueden ver anuladas sus sentencias sin necesidad del indulto de Sánchez.

Los expresidnetes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, durante el juicio del caso ERE.

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Los posibles indultos del Gobierno de Pedro Sánchez a los socialistas condenados por la corrupción en la Junta de Andalucía en el caso ERE, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, han salido del cajón del ministerio de Justicia y, según anunció la ministra en funciones Pilar Llop hace una semana, se empiezan a tramitar.

Aunque el Ejecutivo en funciones ha dado el paso, podría no ser necesario conceder esté vergonzoso 'perdón' a los doce condenados por la Audiencia de Sevilla, sentencia ratificada por el Supremo, ya que el Tribunal Constitucional (TC) está actuando también al respecto.

Concretamente, el TC estaría preparando un informe que anularía esta sentencia, al aceptar el argumento de la defensa de los 12 condenados, según informa The Objective. Los expresidentes de la Junta y otros exaltos cargos socialistas presentaron recursos contra sus condenas en el mes de junio y estos podrían haber sido ya admitidos a trámite por el Constitucional, cuyo informe puede librar al expresidente José Antonio Griñán de la condena a seis años y dos días de cárcel e inhabilitación absoluta por 15 años por prevaricación y malversación, así como la condena a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación impuesta a Manuel Chaves.

De este modo, el TC, presidido por Manuel Conde Pumpido, puede aceptar el planteamiento de la defensa de los socialistas que señalan a "un problema relativo a una faceta de derecho fundamental que afectaría al artículo 25 de la Constitución Española y sobre el que no existiría doctrina constitucional". Los letrados de los acusados defendieron en su día que los acuerdos del Consejo de Gobierno y las modificaciones presupuestarias posteriores no serían actos administrativos, sino políticos, por lo que si se acepta este argumento podría dejar todo el proceso judicial y la sentencia sin efecto.

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