El "caso ERE" lapida al exdirector de Trabajo: se enfrenta a 300 años de cárcel
El exdirigente de la Junta con el PSOE, Daniel Alberto Rivera, está en el foco de la corrupción de los ERE y ahora se le investiga en otra pieza por las ayudas irregulares a Fundación ONCE.
El exdirector general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, acude a uno de los juicios por el caso ERE.
La corrupción durante los gobiernos de los socialistas en la Junta de Andalucía ha sido tan grave y extensa que la macrocausa de los ERE se tuvo que dividir en los juzgados en una pieza principal, denominada 'procedimiento específico' de los ERE en la cual se condenó a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a otros 13 exconsejeros y exaltos cargos; y se separó también en otras muchas piezas, tantas como ayudas fraudulentas (más de 130) concedió el Gobierno socialista a empresas.
Pues, en la mayoría de ellas, aparece un mismo nombre en el foco de la corrupción: el exdirector de Trabajo de la Junta Daniel Alberto Rivera. Lo destacó recientemente su propia abogada defensora, que lamentó, en el último juicio, que Rivera se viera involucrado en otra pieza separada de los ERE, ya que fue excluido de la pieza principal. Ahora se ve inculpado en unas 50 piezas, con peticiones de pena de una media de seis años de cárcel, lo que suma a unas solicitudes de condena que llegan a unos 300 años de prisión, señaló su letrada.
Pero este alegado de la defensa del exdirector no frena la acción del juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, que este lunes continúa el procedimiento contra él por las ayudas presuntamente irregulares que la Junta habría concedido por un importe de 873.470 euros a Fundosa Ultracongelados y Precocinados S.A. (Fulpresa) y Fundosa Lavanderías Industriales S.A. (Flisa), "pertenecientes al grupo de empresas de la Fundación ONCE y su sociedad instrumental Fundosa Grupo S.A., creada con objeto de defender los derechos laborales de las personas con discapacidad".
Criminalidad en su actuación
El juez del caso ERE, José Ignacio Vilaplana, aprecia en este caso posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Concretamente, argumenta en el auto que "concurren sólidos indicios de los que se desprende que durante su mandato como director general de Trabajo, se concedió y realizó, de manera injusta y arbitraria, el correspondiente pago de la ayuda ilícita".
El auto es contundente para seguir depurando responsabilidades y el juez añade "la constatación de evidentes indicios de criminalidad en su actuación por el hecho de haber realizado pagos de las ayudas a sabiendas de la evidente ilicitud del procedimiento seguido para su concesión, que ha sido ya destacada en diversas resoluciones" por la Audiencia Provincial.
